En la comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio que ha tenido lugar hoy en el Ayuntamiento de Donostia, uno de los temas de debate centrales ha sido el de la operación urbanística de Illarra, cuyo desarrollo se ha visto afectado por una sentencia del TSJPV por la que se ha incrementado el porcentaje de vivienda de protección social, pasando del 40% inicialmente previsto al 75%.

La sentencia, a la que el Consistorio donostiarra ya anunció que no recurrirá, hace que tenga que replantearse la operación en muchos aspectos, como el económico.

De ahí que el Ayuntamiento esté trabajando en la elaboración de “un documento de modificación” del planeamiento que incorpore los cambios y se adapte a sus consecuencias.

Este documento, explicó el director del Urbanismo, Jon Chávarri, podría estar rematado en el plazo de dos meses, aunque por su “complejidad” no es descartable que se dilate más en el tiempo.

Dudas sobre las promociones futuras

La oposición municipal –EH Bildu, PP y Elkarrekin Donostia– ha expresado su preocupación por los efectos de la sentencia más inmediatos y también a futuro. Y es que, entre las dudas que han planteado, se halla la que tiene relación con las posibles consecuencias de dicha sentencia en “promociones futuras”, donde podría tenerse que aumentar asimismo el porcentaje de vivienda de protección.

Jon Chávarri, director de Urbanismo, ha manifestado su confianza en que dichas consecuencias no se dejen notar “en muchas promociones”, ya que la sentencia se dicta sobre la base de la catalogación inicial de los suelos, que en la mayor parte de los casos no entran en contradicción con las previsiones de reserva de viviendas de protección.

Otro extremo que preocupa, y mucho, a la oposición es el hecho de que en los presupuestos municipales para 2025 se hayan incluido como ingresos los previstos en una operación cuyas características se han visto modificadas de forma más que sustancial, aumentando el porcentaje de viviendas de protección y, sobre todo, las que el edil de EH Bildu, Ricardo Burutaran, definió como “las más baratas”.

Al haberse cambiado el porcentaje de 60% de vivienda libre al 40% de protegida, por el 75% de protegida, con el 55% de VPO (alquiler), las cuentas no les salen a una oposición que ha reclamado el informe técnico y jurídico que se está realizando en el Consistorio.

Para 2025

Dicho informe, ha abundado Chávarri, resulta complejo de elaborar aunque, ha añadido, confía en que “se llegue a este año” y la operación pueda seguir adelante ya recalculada en 2025.

“Hacer conjeturas sobre cuál va a ser el resultado del estudio también va a ser complejo”, ha añadido Chávarri, quien ha explicado que el Consistorio se ha reunido ya en dos ocasiones con los promotores de la operación para continuar aclarando el panorama. 

El nuevo documento, que modifica el planeamiento de Illarra, deberá pasar el filtro del Pleno. Queda por aclarar si tendrá que superar un periodo de exposición pública. Así las cosas, todavía quedan muchos extremos por cerrar en una operación que se vio alterada por la sentencia emitida el 25 de octubre, día en el que se aprobaron los presupuestos de este año en la Junta de Gobierno local. 

De ahí que los cálculos de ingresos se hayan realizado sobre dicho proyecto. “¿Sobre qué cálculo podíamos trabajar? Sobre el que estaba aprobado.”, ha incidido la edil de Urbanismo Nekane Arzallus. “El proyecto de reparcelación económica modificará las estimaciones”, ha apostillado.

Estas respuestas no han convencido a la oposición que pide más concreción para conocer los efectos reales de la sentencia a nivel económico y las posibles afecciones a futuro en otras promociones .

Además, EH Bildu y Elkarrekin Donostia han expresado su extrañeza por el hecho de que el Gobierno local no se replantee la viabilidad económica de la operación ante el cambio de porcentajes de vivienda protegida en Illarra, preguntándose por qué este hecho ha sido una objeción para elevar dicho porcentaje en otras promociones. “¿Si aquí es posible, por qué no lo es en otros casos?”, se han preguntado.

De momento, los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento siguen trabajando en la elaboración del documento de modificación del planeamiento que servirá para dar respuesta a muchos de los interrogantes y para encauzar una operación de vivienda “muy necesaria” para la ciudad.