“La falta de un decreto sobre el móvil genera una preocupante e innecesaria incoherencia jurídica en los centros educativos”

Donostia – Con más de 20.000 familias involucradas, la iniciativa busca fomentar un entorno libre de móviles en las aulas, apoyándose en la evidencia científica sobre sus beneficios, como la reducción del ciberacoso y la mejora del rendimiento académico. A pesar de la falta de apoyo institucional, Altxa Burua está logrando avances significativos, uniendo a diferentes tipos de colegios en su lucha por un desarrollo saludable de los menores.

Euskadi es la única comunidad sin un decreto que regule el uso de los móviles en los centros educativos. ¿A qué se debe?

–En países como Francia, Italia, Países Bajos…, así como en el resto de las comunidades autónomas de España, ya existe una regulación específica mediante decreto. Mientras, aquí seguimos debatiendo todavía sobre ello y se pone la responsabilidad en el menor. En Estados Unidos, 41 estados han demandado a Meta por fomentar la adicción y los problemas de salud mental entre los menores. Sin embargo, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha optado por delegar la responsabilidad en los centros educativos y en los alumnos. Esa decisión ha generado una incoherencia jurídica y ha evidenciado las deficiencias de esta estrategia.

¿Cuáles son las principales consecuencias de esta falta de regulación por decreto?

–Se ha generado una preocupante incoherencia jurídica. Dependiendo del centro educativo en el que le ha tocado trabajar al docente, puede estar más o menos expuesto al riesgo de ciberacoso por parte del alumnado. De igual manera, los derechos de equidad de los propios estudiantes se ven afectados, ya que a aquellos que les ha tocado matricularse en colegios donde se permite el uso de móviles tienen un mayor riesgo de sufrir ciberacoso y problemas de atención, por ejemplo. Las familias también se enfrentan a una nueva variable a la hora de escoger centro educativo para sus hijos, lo que ahonda todavía más en las desigualdades dentro del sistema. Es interesante reflexionar también cuando se intenta hablar sobre su uso pedagógico. ¿Cómo podemos hablar de uso pedagógico cuando sabemos que no está regido por ley como material educativo un dispositivo privado? ¿Somos conscientes como bien indica el informe de la AEPD de las posibles graves vulnerabilidades que puede llevar ello sobre la protección de datos de menores? La verdad es que no hay por dónde cogerlo. Supongo que todas estas incoherencias son la razón por la que a nivel internacional y nacional se ha tomado la misma decisión, salvo aquí. Y ahora vemos las consecuencias. El Departamento de Educación debería garantizar la equidad de derechos a todos los trabajadores y alumnos por igual mediante decreto, especialmente teniendo en cuenta los beneficios demostrados de esta medida.

¿Cuáles son esos beneficios?

–Las comparecencias recientes de expertos en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco han confirmado lo que la evidencia académica ya señalaba de hace tiempo: la prohibición del móvil en las aulas reduce el ciberacoso, la dependencia digital y los problemas de atención. Al mismo tiempo, se observa un aumento de la actividad física, una mejora en las relaciones interpersonales y un incremento positivo del rendimiento académico. Los datos avalan estas afirmaciones. En Murcia, el primer año tras la implementación del decreto que prohibió los móviles en colegios, el ciberacoso se redujo un 73%. En Galicia, las evaluaciones PISA han registrado un aumento de entre 10 y 12 puntos en matemáticas y ciencias tras la aplicación de esta normativa. Sin embargo, a la contra no hay evidencias, es decir, ¿los móviles privados han mejorado el sistema educativo? No hay evidencia que lo avale, justamente lo contrario, han sido fuente de acosos y distracción. Además, los alumnos y centros de entornos más desfavorecidos son los que más se benefician de un espacio libre de distracciones digitales, pues los alumnos encuentran en la escuela el único entorno donde desconectar, y la escuela encuentra en la institución un apoyo necesario para llegar a estas familias. No regular esta situación conjuntamente significa abandonar a las comunidades educativas con menos recursos y crear desigualdades innecesarias. Hoy en día, no hay justificación para no hacerlo. Con esto no queremos decir que no haya que educar o que las familias delegamos nuestra responsabilidad, eso sería una falsa dicotomía. Es bien sabido que para educar acerca de ello no hace falta el dispositivo en mano, y que la responsabilidad mayor la tenemos en casa. Juntémonos por el bien de nuestros menores.

¿Hay motivos para el optimismo?

–Creemos que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco acabará entrando en razón. La evidencia en ese sentido es concluyente y, de hecho, dentro de su propio partido ya se han alzado voces críticas que muestran su disconformidad con la política educativa actual en este aspecto. Pero no se trata de un debate político ni de estar en contra de la tecnología, sino de garantizar el desarrollo saludable de nuestros menores por igual. Es una cuestión que trasciende las ideologías y que requiere diligencia. Esperamos lograrlo.

¿Cómo está evolucionando el movimiento Altxa Burua?

–Altxa Burua está en plena expansión. En Gipuzkoa ya somos casi 80 grupos, mientras que en Álava y Bizkaia hay más de 40 ya. En total, el movimiento defiende cuatro objetivos principales: retrasar la entrega del primer smartphone a los menores, fomentar una educación y ejemplaridad de los adultos, convertir los colegios en espacios libres de móviles, y promover una digitalización saludable, libre y basada en la evidencia científica. Es importante destacar que en Altxa Burua también participan muchas familias cuyos hijos ya tienen teléfono móvil. Son precisamente ellas las que más apoyo requieren para gestionar su uso de manera saludable.

¿Están los colegios sumándose a este movimiento?

–Sí, cada vez son más los centros que se adhieren a la iniciativa, y también clubes deportivos, de ocio... Se está tejiendo una red educativa sólida y coherente que está logrando avances muy significativos. En muchas localidades, lo normal a los 12 años es no tener un smartphone, algo impensable hace apenas unos años.

¿Qué destacaría de este movimiento?

–Un aspecto especialmente positivo es que ha logrado unir a ikastolas, Kristau Eskolak y escuelas públicas en torno al movimiento Altxa Burua, puesto que compartimos valores y objetivos comunes. Esta confluencia demuestra la relevancia del problema y la necesidad de actuar de manera coordinada por el bienestar de los menores, y también la propia identidad de este movimiento social. Es un movimiento apolítico y, si bien es cierto que hay muchas cosas que nos distancian, nos une como nada el bienestar de nuestros menores. Merece la pena el esfuerzo de luchar juntos por ello. Para todo aquel que quiera dar sus primeros pasos, estaremos encantadas de atenderle.