El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ordenado la demolición de un chalé de grandes dimensiones construido en Aia, propiedad de una exedil del PNV, por incumplir la ley vasca de Suelo. La sala segunda de lo contencioso-administrativo confirma que la construcción levantada hace más de una década en los terrenos de un antiguo caserío tradicional no respetó la estructura del viejo inmueble, al casi triplicar su superficie y llevarlo además a otra zona. 

En concreto, el “casoplón”, que cuenta con once habitaciones y otros tantos baños, no ocupa ni el mismo lugar que el viejo caserío ni tiene la misma estructura. La sentencia del TSJPV, firmada el pasado 17 de enero, declara nulos hasta cuatro decretos y acuerdos del Ayuntamiento de Aia que autorizaron tanto la construcción como las obras de urbanización en 2013, 2015 y 2017. 

A la hora de determinar el incumplimiento de la ley vasca de Suelo, el Superior señala que “la reconstrucción de los caseríos se debe llevar a término allí donde se encuentra la estructura edificada que permita identificarlos como tales”. En este caso, se sitúa a unos 200 metros. Tanto el ayuntamiento como los promotores han sostenido en todos los litigios judiciales que el hecho de ubicarse a esa distancia no lo invalida, pero el tribunal lo rebate. 

Informes técnicos y fotográficos

Señala que “no existe ninguna otra posibilidad legal de construir un caserío en suelo no urbanizable en el que no hubiera habido una edificación previa”. Y añade que los caseríos pueden reconstruirse en suelo no urbanizable “siempre que se trate del mismo lugar en el que están ubicados”. La sentencia indica además que hay informes técnicos y fotográficos que acreditan que la construcción nueva en nada respeta a la tradicional, que estaba en ruinas. 

El alto tribunal vasco concluye que la nulidad de la edificación conlleva la ilegalidad de las obras de urbanización de este palacete, propiedad de una exedil del PNV en la vecina localidad de Zarautz, Maite Garrastazu, que ocupó la cartera de Urbanismo, y de sus familiares. 

Las investigaciones judiciales sobre el casoplón llevan ya diez años en los tribunales. Fue en 2015 cuando se presentó una demanda por parte de la Federación guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente. Llevaron el caso a los tribunales al entender que la familia de la exconcejal había aprovechado un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente, un extremo ahora confirmado por los tribunales.