El fiscal general cambió de móvil tras ser encausado

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cambiado de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el Tribunal Supremo le encausara por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ese cambio de terminal se produjo, además, una semana antes de que el juez Ángel Hurtado ordenara el registro del despacho del fiscal general para requisar sus teléfonos y correos electrónicos, una diligencia que tuvo lugar el 30 de octubre.

En un informe, los agentes analizan los dos números de teléfono y los IMSI/IMEI (identificadores) asociados de las tarjetas del dispositivo intervenido a García Ortiz. Afirman que se han encontrado dos números de teléfono, uno del que recibe mensajes de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa, y otro a nombre de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

La UCO concluye que “el inicio de actividad de los IMSI aparejados a estos IMEI es de fecha 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico ese día respecto a las tarjetas precitadas”.

La Guardia Civil dijo que había hallado “cero mensajes” en el móvil del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude de González Amador.

Fuentes fiscales reconocieron que García Ortiz borró personalmente los mensajes de ese periodo temporal, si bien aclararon que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes, sino como parte del borrado cíclico que hace con todos los almacenados en su teléfono móvil por los protocolos de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado.

Las pesquisas judiciales comenzaron a raíz de una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.

El PP acusó ayer a Álvaro García Ortiz de intentar “ocultar pruebas” al cambiar de teléfono móvil tras ser encausado y reclamó que sea “cesado fulminantemente” por ello. La secretaria general popular, Cuca Gamarra, afirmó que “el protocolo de seguridad del fiscal no es más que su intento de ocultar pruebas. Y eso es precisamente lo que le delata como culpable”.