El control mutuo en la gestión de las administraciones y empresas públicas del territorio es una de las funciones de las formaciones que representan a los ciudadanos, pero la lista de entidades señaladas por los partidos guipuzcoanos al Tribunal Vasco de Cuentas para que fiscalice sus cuentas y su actividad económica y financiera en 2025 no deja de llamar la atención. Se repite un patrón: apuntar a las entidades gobernadas por el rival político, pero también hay excepciones llamativas, como la que señala al Ayuntamiento de Amezketa, gobernado por EH Bildu. Ha sido la propia coalición soberanista la que ha indicado al Tribunal de Cuentas como prioritaria la fiscalización de las cuentas de 2023 por parte de este consistorio. La comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobará mañana el listado de entidades públicas cuyas cuentas consideran prioritario fiscalizar, después de que el propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, al igual que hace cada año, haya realizado la preceptiva consulta a la cámara guipuzcoana.
El principal partido del Gobierno foral, EAJ-PNV, incluye en la lista de sugerencias a ayuntamientos gobernados por EH Bildu. En concreto, los de Mutriku, Getaria y Anoeta.
El PSE-EE y EH Bildu mantienen su propia cruzada en torno a la gestión de los residuos. La coalición que lidera Maddalen Iriarte pide como actuación prioritaria la fiscalización de las cuentas de las mancomunidades de Txingudi y Debabarrena, ambas controladas por los socialistas, y también de los ayuntamientos de Donostia, Beasain y Azkoitia, liderados por el PNV.
Mientras, el PSE solicita fiscalizar las cuentas (2023) de los ayuntamientos de Errenteria, Hernani, Oiartzun, Zumaia, Zizurkil y Usurbil; todos ellos gobernados por EH Bildu. Y también de las mancomunidades de Urola Erdia, Tolosaldea y Debagoiena, donde la coalición soberanista ostenta el control.
GHK, Geroa EPSV, organismos deportivos...
Fuera de esta rueda de control orientado al rival político, el PP y Podemos, que no controlan ninguna administración pública, abren el punto de mira. El PP ha solicitado que se fiscalice las cuentas de Bic Berrilan en 2022, 2023 y 2024); de Kirolgi (2021, 2022, 2023 y 2024); del Palacio de Hielo Txuri Urdin (2022, 2023 y 2024); de la Federación Gipuzkoana de Fútbol (2021, 2022, 2023 y 2024); del consorcio de residuos GHK (2021, 2022, 2023 y 2024) y de los ayuntamientos de Astigarraga (EH Bildu) y Zarautz (PNV).
Por su parte, Podemos pone el foco en los ayuntamientos de Ordizia (EH Bildu), Elgoibar (PNV), Eibar (PSE), Beasain (PNV) e Irun (PSE). Así como en Ortzibia (sociedad promotora del aeropuerto de Hondarribia), Sprilur, Geroa EPSV y las ayudas y aportaciones a “proyectos educativos” a las ikastolas de Oiartzun y Ordizia, donde los morados también apuntan al polideportivo Majori.
