¿Quién pide la RGI en Gipuzkoa?: este es el perfil de los solicitantes

El aumento de beneficiarias no es más que un reflejo de la realidad social actual, donde persiste la desigualdad laboral de género. La pobreza sigue teniendo rostro de mujer, un aspecto sobre el que se puede ahondar más a la hora de trazar el perfil. Según se desprende del servicio de análisis, estudios y estadísticas de Lanbide, la mayor parte de expedientes activos se corresponde con mujeres con estudios básicos -4.543 beneficiarias-, hijos a cargo y edades comprendidas entre los 40 y 49 años -1.700 mujeres-, cifra equiparable a la que se registra a partir de los 65 años, con un total de 1.983 beneficiarias.

La incorporación al mercado laboral del colectivo que se mantiene activo sigue siendo inferior a la de los hombres, lo que provoca que ocho de cada diez mujeres que manifiestan la necesidad de acceder a su primera vivienda no puedan hacerlo al no disponer de los recursos económicos suficientes, según refleja un informe publicado por el Observatorio Vasco de la Vivienda a partir de los datos de 2023.

Llegar a fin de mes

Ni siquiera tener un empleo es suficiente para llegar a fin de mes, algo que se puede observar tanto en el Estado como en Euskadi. En el primer caso, se contabilizan casi tres millones de personas con unos ingresos que los sitúan por debajo del umbral de la pobreza, según datos oficiales recopilados por la ONG Intermón Oxfam. En el País Vasco, en una situación mucho más favorable, son 57.000 los trabajadores que pese a contar con ingresos no pueden cubrir sus gastos más básicos, pese a que la tasa de pobreza es la segunda menor del Estado, solo por detrás de Navarra.

En el País Vasco hay 57.000 trabajadores que pese a contar con ingresos no pueden cubrir sus gastos más básicos

Los avances en materia de empleo de los últimos años, con el aumento del Salario Mínimo Interprofesional -actualmente fijado en 1.134 euros- la reforma laboral, cifras históricas de empleo y una tasa de paro que se ha situado en el nivel más bajo desde 2008 no parecen ser suficientes para erradicar la pobreza entre las personas que tienen un empleo, según indica esta ONG.

Desde el punto de vista estadístico, una persona se considera pobre cuando sus ingresos no alcanzan el 60% de la media. Con datos de 2022 se clasifica como pobre un hogar de una sola persona donde los ingresos sean inferiores a 915 euros al mes, pobreza laboral que padece un número creciente de mujeres.

Modificación de cuantías de RGI

A este respecto, Euskadi ha firmado ya un borrador del decreto que modificará las cuantías de RGI que reciben los perceptores de la prestación que la compatibilizan con un empleo de baja remuneración. El plan pasa por otorgar una bonificación de 140,11 euros mensuales a las mujeres solas con menores a su cargo que decidan continuar en el mercado laboral.

El borrador también contempla abonar entre 67 y 123 euros adicionales a las mujeres pareja de un titular de la prestación que encuentren empleo, así como subir hasta los 2.335 euros el máximo mensual en doce pagas que puede llegar a cobrarse para acceder a los complementos de la RGI en caso de familias de dos adultos con tres o más menores a su cargo.

Ocho de cada diez mujeres que manifiestan la necesidad de acceder a su primera vivienda no puedan hacerlo al no disponer de los recursos económicos suficientes

Por el contrario, la otra cara de la moneda es que las personas solas o incluso las parejas podrían ver reducidos sus ingresos si sale adelante tal cual el decreto que prepara el Gobierno, aunque ahora no habrá un límite de tres años en los denominados “estímulos al empleo”, que pasan a ser indefinidos. En otras palabras, percibirán menores ingresos mensuales, pero lo harán (o podrán hacerlo) durante mucho más tiempo.

Para el sindicato ELA, la nueva regulacion viene a reducir la prestación a unos 8.000 trabajadores con ingresos de trabajo muy bajos y precarios, y a aumentar a 4.415 perceptores, también con frágiles empleos. El Gobierno Vasco, critica la central sindical, prioriza no incrementar el presupuesto, por lo que las mejoras se hacen “a costa de empeorar la situación” de otras muchas personas. “Es inadmisible que se tome la decisión de recortar la ayuda a unos para mejorar la situación a otros. La RGI es una prestación insuficiente. A nuestro entender la idea debe ser no aplicar ningún recorte, sino lo contrario, incrementar su cobertura y cuantías”, señala ELA en un comunicado.

"Precaridad y parcialidad"

Según la central, en los términos planteados se pretende “estimular el empleo precario, se perpetúa claramente un sistema basado en subvencionar la precariedad y parcialidad, que pretende bonificar a quienes mayores jornadas de trabajo tienen pero dentro de un mercado laboral que está basado en la parcialidad y temporalidad”.

Así, el sindicato señala que el decreto entiende que trabajar 20 días completos al mes “es poco, por lo que se prima e incentiva más a quien ha trabajado más de 20 días. Hay que recordar que en este caso estamos hablando siempre de niveles salariales muy bajos, por lo que lo que se pretende es favorecer que haya trabajadores a tiempo completo con bajos salarios y que complementen sus ingresos con la RGI”, indica.

Pese a las críticas, el Gobierno Vasco ha anunciado que destinará una cifra “récord” para el impulso del “empleo de calidad”. El Departamento de Economía, Empleo y Trabajo dispondrá el año que viene de más de 1.224 millones, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al año anterior, y se sitúa sólo por detrás de Salud y Educación. La mayor partida está destinada a la Inclusión Social -prestaciones de RGI, Ingreso Mínimo Vital y Complementaria de Vivienda-, con un montante de 651,3 millones de euros, 100 millones más que en los presupuestos anteriores.