La Diputación de Gipuzkoa hizo un llamamiento urgente este jueves a los ayuntamientos de Donostia, Pasaia, Errenteria, Oiartzun, Lezo, Astigarraga, Hernani, Usurbil, Andoain, Lasarte-Oria y Urnieta para que entreguen la documentación requerida para activar la Zona de Régimen Especial (ZRE) del taxi de Donostialdea, una fórmula que consiste en permitir que los 108 taxis que operan en Buruntzaldea y Oarsoaldea puedan operar también en la capital y que se comenzó a diseñar a finales de 2022, precisamente para intentar cubrir las carencias que presenta en la actualidad este servicio público en Donostia.

La cuenta atrás está activada y el llamamiento de la Diputación responde a la polémica que se ha reavivado en los últimos días, a raíz de que las asociaciones de hoteles, hosteleros, apartamentos turísticos y la propia federación mercantil de Gipuzkoa, es decir, el comercio, hiciesen público su malestar con el servicio de taxi de la capital.

El acuerdo entre todos los ayuntamientos es total y su voluntad de activar esta fórmula no ofrece dudas, pero la Diputación se quiere asegurar de que ese plan de refuerzo a la capital no desatiende las necesidades propias de cada municipio y ha pedido información al respecto. Según dio a conocer ayer la Diputación, “después de que estos ayuntamientos presentaran el pasado 14 de agosto el expediente para la tramitación de la citada Zona de Régimen Especial (ZRE), el 22 de agosto, el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa requirió por registro a los once ayuntamientos implicados que ampliaran la información presentada. Pero “a día de hoy ninguno de los ayuntamientos ha respondido a este requerimiento”, dijo el ente foral en un comunicado.

El Departamento de Movilidad urgió a los ayuntamientos a hacer los deberes solicitados, recordándoles que tienen un plazo de tres meses desde la fecha en la que presentaron la solicitud, el 22 de agosto, de modo que la fecha límite para responder es el 22 de noviembre. Y alertó que, de no hacerlo en plazo, “el procedimiento de creación de la ZRE decae y hay que iniciar la tramitación desde el comienzo”. Sin embargo, hay otro aspecto pendiente de resolver según apuntan desde el sector del taxi, el impulsor de esta zona especial hace ya casi dos años. Según estas fuentes, actualmente “estamos en la fase de aprobación de tarifas unificadas”, ya que cada municipio establece las suyas propias. Y ese ejercicio de unificar precios también tiene que llegar a la “comisión de precios” del Gobierno Vasco para ser debatido en su sesión “prevista para el 15 de noviembre”, ya que este órgano “se reúne cada tres meses” y de no llegar a la cita de noviembre con las tarifas unificadas, no se podría activar esta zona el 1 de enero de 2025, que es el objetivo que se maneja. En todo caso, la Diputación confirmó ayer lo que ya ven en el sector del taxi, que “ya vamos tarde”. Entre la documentación requerida a los municipios, según explicó la Diputación, “se encuentra que estos expliquen de qué manera, con el número de licencias existentes en su término municipal, van a hacer frente a las necesidades de taxi en sus municipios si comienzan a operar en la ZRE de Donostialdea”, a fin de garantizar el servicio público en todos los municipios implicados.

Imagen de un taxi en Donostia

Reunión cara a cara

Por otra parte, representantes de las asociación de hoteles de Gipuzkoa, Hostelería Gipuzkoa, Aparture (apartamentos turísticos) y de los comerciantes de Gipuzkoa se reunieron ayer por la tarde con las dos entidades locales del taxi en Donostia (Radio Taxi Donostia y Vallina), que son las que ostentan y se reparten las 308 licencias que hay actualmente en la ciudad. Según ha podido saber este periódico, el sector del taxi recriminó en esta reunión al sector turístico la difusión del comunicado que dio origen a esta polémica y que alertaba de los importantes problemas del taxi en Donostia. Esta reunión sirvió de primera toma de contacto entre las partes, después del comunicado, que levantó ampollas en el colectivo de taxistas, que aseguran que previamente se les debió transmitir el malestar a ellos directamente e intentar hallar una solución en la que “ya se está trabajando”.