Tres plataformas –Stop Desahucios Euskadi, Inquilinos Azora y Alokairu Bentaberri– han comparecido este martes ante la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana del Parlamento Vasco para “solicitar, instar y exigir” al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la confección de los índices de precios de referencias “con la mayor celeridad posible” para que la Ley de Vivienda sea realmente efectiva. “Nos hemos encontrado con que Errenteria tiene la oficialidad de Euskadi, pero no referencias, lo que nos llena de preocupación”, ha señalado Rosa García, portavoz de los tres organismos.
Una semana después de que Errenteria se convirtiese en el primer municipio de Euskadi en ser declarado zona tensionada, García ha querido recordar que hay otros 43 municipios que cumplen con los requisitos en la CAV y todavía se encuentran en el proceso. “Queremos que los ayuntamientos hagan los deberes cuanto antes, pero el Gobierno Vasco también debe acelerar la tramitación”, ha apuntado la portavoz de Stop Desahucios Euskadi, que ha recordado que sin la confección de los índices de precios de referencia no se puede aplicar la Ley de Vivienda.
“Hacienda tiene que dar los datos de los contribuyentes para que el Ministerio de Vivienda publique en el boletín del Estado los índices y, así, los Ayuntamientos puedan actuar”, ha explicado, al tiempo que se ha mostrado disgustada porque no haya plazos para su elaboración. “No entiendo por qué Errenteria sigue teniendo que esperar”, ha manifestado, recordando que otros municipios como Irun, Donostia, Zumaia, Lasarte-Oria, Gasteiz y Galdakao se encuentran en trámites para ser declaradas como zonas tensionadas.
A este respecto, García ha pedido que el Ministerio de Vivienda reduzca el plazo de tres meses actuales para analizar cada futuro caso, ya que estos responden al mismo modelo que ya ha presentado Errenteria. “No entendemos cómo necesitan tres meses para estudiar la documentación que falta ni nos explicamos por qué los municipios que ya son tensionados no puedan actuar”, ha agregado.
“Solicitamos a cada institución que acelere el proceso porque los grandes tenedores tratan de evitar la regulación de la especulación”, han señalado desde las plataformas antidesahucios, recordando que solo en Donostia hay 3.000 viviendas que están en manos de estos grandes propietarios. “El mercado de los alquileres se tiene que regular y creo que eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo”, ha apuntado.
La declaración de zona tensionada permite a cada Ayuntamiento poner un tope a los alquileres con prórrogas de hasta tres años en los mismos términos y condiciones en vigor, mientras que en los casos de los nuevos arrendatarios se limita el precio del alquiler a la renta de quienes alquilaron anteriormente la vivienda.
En caso de que la vivienda hubiera estado vacía, el precio lo establecerían los futuros índices de precios de referencias, un sistema que debe asignar para Euskadi el Ministerio de Vivienda y que actualmente se encuentra paralizado. “Llevamos desde diciembre de 2023 diciendo a las instituciones que deben hacer sus deberes”, ha comentado García.
Interrelación
En su turno de respuestas, los diferentes grupos parlamentarios han querido agradecer la comparecencia de las tres plataformas, al tiempo que han respondido a las peticiones realizadas. Así, el PSE ha asegurado que el plazo de tres meses para aprobar cada declaración es adecuado, pero se mostraron favorables a reducirlo si es posible. “Errenteria es un buen ejemplo de la interrelación que ha habido entre las instituciones y el camino a seguir”, han comentado desde la formación socialista.
En la misma línea se han mostrado desde el PNV, que han afirmado que este trabajo es fruto del autogobierno y una fiscalidad propia. “Necesitamos tener todo bien armado y correcto y se ha conseguido”, han apuntado.
Por último, EH Bildu ha asegurado que “no hay un protocolo eficaz para definir las zonas tensionadas” y que situaciones como una falta de índices de precios de referencias son un claro ejemplo de ello.
