La Fiscalía de Gipuzkoa ha incoado durante este pasado año un total de diez procedimientos de “extrema y máxima gravedad” relacionados con atentados contra la libertad sexual con víctimas menores de 16 años. En total se han interpuesto por este tipo de delitos 42 denuncias, lo que supone un aumento del 50% con respecto a 2022, según recoge la memoria del Ministerio Fiscal de Gipuzkoa a la que ha tenido acceso este periódico.
En al menos doce casos las partes implicadas son jóvenes tutelados, hechos que la Diputación de Gipuzkoa siempre pone en conocimiento de la Fiscalía. Así lo hizo ante un episodio “sumamente grave” sucedido en Ucrania, cuando la víctima tenía cuatro años y fue agredida sexualmente mediante penetraciones anales por parte del hermano y el primo, de entre 14 y 16 años. Aunque los hechos ocurrieron fuera del Estado, trascendieron cuando las partes implicadas se encontraban en el territorio, por lo que se acordó la inhibición a la Sección de Menores de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía de Gipuzkoa viene alertando en las sucesivas memorias de las consecuencias, en ocasiones nefastas, que traen consigo las “conductas sexualizadas tempranas”, algo que reflejan los asuntos tratados el año pasado. Otro de los hechos investigados, ya sentenciados, ocurrió en marzo, con una penetración bucal “no consentida” entre jóvenes de 16 años (el agresor) y catorce, la víctima. La pareja se había conocido a través de la red social Instagram.
De las 42 denuncias relacionadas con delitos contra la libertad sexual seis se archivaron por ser el autor menor de 14 años
Las tres fiscalías vascas, a través de sus delegados de las secciones de menores, alertaban la semana pasada del uso indiscriminado que están haciendo los menores de edad de las redes sociales, donde han pasado a comportarse “como si fueran adultos”, exponiéndose a riesgos con consecuencias psicológicas “muy reales”.
El caso de la pareja de Instagram finalizó con una sentencia dictada de conformidad por agresión sexual a una menor. La resolución judicial impuso al chaval un año de internamiento en régimen cerrado, tras el cual debía permanecer otros doce meses en libertad vigilada.
Delitos en centros de acogida
Se trata de hechos que, en más de una ocasión, ocurren en centros de acogida. Así sucedió con otra víctima de trece años, que sufrió “penetraciones vaginales con el dedo e intento de penetración” por parte de otro adolescente de 16 años en el centro donde ambos residían.
Tras la práctica de la prueba preconstituida (aquella que ya existe antes de que de comienzo un juicio), diversas testificales, exploración de la menor y pruebas periciales, el expediente se remitió al Juzgado de Menores, con una solicitud para el infractor de dos años de internamiento en régimen cerrado por un delito de agresión sexual.
Según recoge la memoria de la Fiscalía, también se han registrado denuncias cruzadas en el seno de una relación de pareja entre adolescentes. Ella acusa a su novio de haber sido agredida sexualmente. Él presenta denuncia contra ella por violencia de género, injurias y calumnias. Ambos delitos se están investigando.
Del relato que hace el Ministerio Fiscal se deduce la vital importancia que adquieren los informes de ADN a la hora de esclarecer hechos cuya investigación resulta compleja. La demora que acumulan estos trámites se convierte en uno de los principales problemas. Así se observa ante un nuevo delito de agresión sexual cometido el año pasado en Gipuzkoa, cuando una menor de 16 años sufrió por parte de un “conocido” penetraciones vaginales “sin consentimiento”.
Según detalla la Fiscalía, en julio del año 2023 se adoptó para el investigado la medida de prohibición de comunicación y aproximación a la joven, pero al cierre de la memoria el caso estaba pendiente del informe sobre ADN del Instituto Nacional de Toxicología. “Se trata de una prueba importante en este caso, dado que el menor niega toda relación sexual. Pese a las reclamaciones durante todo el año, el Instituto alega que están sobrepasados”, recoge en el documento, con cierta resignación, la Fiscalía.
Medida cautelar de internamiento
Todos los asuntos en los que se ha adoptado medida cautelar de internamiento por estos hechos en Gipuzkoa se han remitido al Juzgado de Menores, con sentencia dictada. Todo menos uno, en el que “siete meses después hemos recibido por parte de la Dependencia de Sanidad en Madrid el informe de ADN.Ha sido éste el motivo por el cual el expediente se ha retrasado en su tramitación. Se ha tenido que prorrogar la medida cautelar de internamiento. Y si en el mes de marzo no se existe una sentencia condenatoria de conformidad, habrá que dejarlo en libertad”, señala la Fiscalía.
“La prueba de ADN es importante, dado que se trata de analizar si en la vagina de la víctima existen restos de semen o ADN del agresor. El servicio de toxicología central debería de constar de una Sección independiente para los análisis de restos de ADN, relacionados con infracciones cometidas por menores de edad”, defiende el Ministerio Fiscal.
Según recoge la memoria, durante el año pasado se adoptaron un total de 22 medidas cautelares, cinco menos que en 2022. En concreto, ocho internamientos en régimen semi-abierto mientras que el resto fueron medidas de libertad vigilada con o sin prohibiciones de aproximación a las víctimas.
"La prueba de ADN es importante, dado que se trata de analizar si en la vagina de la víctima existen restos de semen o ADN del agresor"
De las 42 denuncias relacionadas con delitos contra la libertad sexual seis se archivaron por ser el autor menor de 14 años. En cinco casos, según señala la Fiscalía, se ha entendido que el hecho criminal “no quedaba suficientemente justificado”, y se han sometido a mediación “con resultado satisfactorio” dos casos de menor entidad, en los que se produjeron tocamientos entre iguales. En otras tres investigaciones los supuestos infractores fueron absueltos al entender que las relaciones eran consentidas entre jóvenes de edad similar.
Todos los casos en los que hay menores tutelados implicados son siempre denunciados por el Ente Foral, quien además de remitir la correspondiente comunicación a Fiscalía, pone en marcha la participación de las víctimas en Bideratu, programa específico de atención psicológica a menores víctimas de delitos contra la libertad sexual.
No obstante, observa la Fiscalía, teniendo en cuenta que “la sociedad está muy sexualizada, que los jóvenes tutelados tienen problemas de afectividad, y la explosión hormonal que se produce a determinadas edades, sería interesante cambiar los modelos mixtos de acogida” en los centros de acogida. Se trata de una reflexión que el Ministerio Público ha hecho saber a representantes de la Diputación con los que periódicamente se reúne la Sección.
