Con frecuencia no saben verbalizar lo que les ha ocurrido, y siempre está el temor a las consecuencias. La violencia sexual en la infancia tiene rostro conocido. Se estima que ocho de cada diez abusadores de menores en Gipuzkoa son, en mayor o menor medida, del entorno de la víctima, como el niño de 9 de años que ha tenido que esperar en Donostia casi un mes para ser visto por un forense, tras denunciar presuntas agresiones sexuales por parte de su tío.
Hechos que supuestamente ocurrieron a lo largo de los dos últimos años, cuando el investigado se quedaba al cuidado del pequeño, mientras su madre se iba a trabajar. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Donostia han facilitado al menor un recurso de apoyo psicosocial, según confirma a este periódico la abogada de la víctima, Beatriz Rodríguez Aparicio, a la espera de la resolución de los tribunales al recurso de apelación presentado sobre la libertad provisional en la que se encuentra el investigado.
Un caso que refleja el calvario en el que se ve inmersa una infancia dañada, algo que no es ni mucho menos casual. Entre 2.000 y 4.000 menores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, según la estimación del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que prevé abrir “antes del verano” el primer centro de Euskadi en el que se atenderá de forma integral a menores que han sido víctimas de violencia, según han confirmado a este periódico fuentes del Ejecutivo vasco.
El objetivo de la Barnahus que se abrirá en Gasteiz -casa de la Infancia en islandés- es ofrecer una "justicia amigable con un enfoque multidisciplinar y especializado", donde las necesidades y los derechos del menor se coloquen en el centro. La experiencia indica que vivir un proceso judicial que no esté adaptado puede suponer una nueva victimización.
Relatar cuatro veces la misma historia
Cuando se detecta un caso de abuso sexual, se inicia un procedimiento doloroso para la víctima, que llega a declarar de media hasta en cuatro ocasiones. Es decir, debe contar su historia a diversos profesionales, exponiéndose a revivir el abuso, y perjudicando además la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones en las que puedan incurrir durante un proceso tan complejo. “Últimamente se están conociendo casos de abusos en los que se alcanzan acuerdos de conformidad, lo cual puede llamar la atención. En realidad, hay víctimas que dicen: bastante es que haya abusado mi tío de mí, no quiero exponerme más. Es peligroso, pero está sucediendo”, indica Iñaki Alonso, experto internacional en Ayuda Humanitaria y especialista en Derechos de Infancia.
Galicia ha sido recientemente un exponente de ello. La Audiencia Provincial de Lugo ha firmado una sentencia que condena a tres años de cárcel a los tres familiares de una niña del municipio de Baleira, a la que violaron y dejaron embarazada. Los tres acusados de abusar sexualmente de la menor vieron su pena rebajada de once años a solamente tres, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular. La víctima empezó a sufrir abusos cuando tenía siete años, se quedó embarazada con 13, y tuvo que dar su bebé en adopción. Los acusados son la hermana mayor de la víctima, su novio y el hermano de este. Al parecer, fue la mujer quien ideó en secreto el plan para que su cuñado mantuviese relaciones con su hermana pequeña.
“Por mi experiencia profesional, es una realidad que por desgracia existe”, señala la letrada Rodríguez Aparicio. De ahí que otorgue tanta importancia a la práctica de las pruebas clínicas que en el caso del menor donostiarra han tardado “demasiado” en llegar. “Existen unos protocolos, pero habrá que clarificar que, efectivamente, se activen cuando un menor acude a comisaría o al hospital. Dentro de esos protocolos está la diligencia de la práctica para los restos biológicos. Es una diligencia habitual. Lo que no es habitual es lo que ha ocurrido con el menor”, señala su abogada.
La edad media en la que los niños y niñas comienzan a sufrir abusos sexuales se sitúa en torno a los once años
El niño se personó en comisaría con su madre el 9 de enero para comunicar a la Ertzaintza que había sido víctima de agresiones sexuales por parte de un familiar en un piso de Donostia. Tuvo que esperar casi un mes -cuando el protocolo establece un plazo de quince días- hasta que por fin se autorizó el examen forense de guardia y las pruebas clínicas de Infección de Transmisión Sexual (ITS) en Osakidetza, que han arrojado un resultado negativo, informa la letrada.
Que se haya descartado el contagio permite respirar algo más tranquila a la madre, pero la letrada advierte que “para hallar los restos biológicos se ha llegado tarde, porque ya se había superado con creces el plazo de quince días. Para cuando se hizo la prueba forense, las posibilidades eran mínimas. Esperemos que a partir de ahora no le vuelva a ocurrir a ningún menor”, expresa.
Una grabadora en los calcetines
Nueve años. La misma edad de este niño donostiarra tenía la menor madrileña que el 6 de julio de 2016 ocupó portadas de periódicos y los primeros minutos de los informativos de televisión. Un caso que supuso un aldabonazo en los sistemas de protección a la infancia. La menor tuvo que esconder una grabadora en uno de sus calcetines para demostrar que su padre abusaba sexualmente de ella. Llevaba dos años alegando que era víctima de tocamientos. Repetía reiteradamente que no quería verle.
El juzgado de lo Penal había instruido con anterioridad el caso y había declarado su sobreseimiento al considerar que no había pruebas suficientes. Los llantos y las quejas de la pequeña cada vez que tenía que ver al padre incluso hicieron que la policía tuviera que personarse para asegurarse de que la niña se metía en el coche de sus abuelos paternos y se cumplía el régimen de visitas.
Con el tiempo contó al pediatra el motivo por el cual sentía escozor al hacer pis. Casi la mitad de los abusos sexuales a niños -44,7% de casos- se producen entre los trece y los 16 años, aunque la edad media en la que los niños y niñas comienzan a sufrirlos se sitúa en torno a los once. Así se desprende de un informe de la ONG Save the Children en el que se han analizado 394 sentencias judiciales de víctimas infantiles en el Estado. Este trabajo refleja que el entorno familiar es el espacio donde con más frecuencia se producen estos hechos. Entre los perfiles de abusador más frecuentes: el padre, la pareja de la madre, el abuelo o el tío.
El estudio también desmonta el mito de que los abusos sexuales ocurren solo en ciertas familias, así como la percepción de que es fácil descubrir al agresor. Solo el 12,5% de los autores de estos hechos tiene antecedentes. Según el análisis de las sentencias, aunque la mitad de los casos se produce en familias en las que los progenitores están en pareja (55,5%), “el abuso se da en todo tipo de familias y contextos”. El trabajo de investigación de Save the Children también pone de relieve las dificultades añadidas a las que debe enfrentarse el menor durante el proceso judicial. Así, en ocho de cada diez casos analizados no se grabó el testimonio. Únicamente en el 20% de procedimientos se había preconstituido la prueba, es decir, se había grabado previamente la declaración del menor para evitar que la víctima acudiera en persona al juicio.
