Stop Desahucios ha señalado que los ayuntamientos de Irun y Lasarte-Oria les han comunicado que enviarán los documentos de zona tensionada al Gobierno Vasco para su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco mientras el de Donostia no ha contestado al requerimiento de hacer dicho envío de forma urgente.
Stop Desahucios ha señalado este lunes en un comunicado que los plenos de Donostia de junio y julio aprobaron sendas resoluciones en las que se comprometía a elaborar y enviar el diagnostico y el plan de vivienda al Gobierno Vasco por la vía de urgencia.
El 22 de julio la concejal de urbanismo y el gerente de Etxegintza informó a Stop Desahucios de que el plazo para hacer aportaciones terminaba el 15 de agosto, por lo que esta agrupación ha mostrado su "extrañeza" porque el Consistorio no les haya comunicado la fecha de envío.
Afirma que hay cinco familias en el barrio de Gros inquilinas de Azora a quienes este fondo de inversión les ha comunicado la finalización de sus contratos y desalojo de las viviendas para el 31 de octubre.
Tramitación de urgencia
Es por ello que Stop Desahucios pidió en el pleno del pasado junio que la tramitación fuera de urgencia, ya que una vez Donostia fuera declarada zona tensionada podrían acogerse a la prórroga universal de tres años de sus contratos finalizados, además de poder limitar los precios de los alquileres para las 3.000 viviendas cuyos arrendadores son grandes tenedores y de congelar los alquileres con el precio del ultimo contrato firmado a los pequeños tenedores-particulares.
Stop Desahucios recalca que el precio de la vivienda nueva en Donostia alcanza los 5.533 euros por metro cuadrado y 3.601 euros en Gipuzkoa, mientras el alquiler es de 18,1 euros por metro cuadrado al mes en Donostia de 16,5 en el territorio, valores que sobrepasan los de la burbuja inmobiliaria del 2008.
Recuerda que ha solicitado la comparecencia en la comisión de vivienda del Parlamento Vasco para instar a la Consejería a que publique los documentos de zona tensionada que reciba de los ayuntamientos también por la vía de urgencia en el BOPV para que, si no hay alegaciones en el plazo de 20 días puedan ser oficialmente declarados tensionados.
Stop Desahucios insta a las administraciones implicadas, municipios que reúnen los requisitos de zona tensionada y al Gobierno Vasco a que soliciten formalmente a las haciendas forales el envío de los datos de los contribuyentes para la elaboración de los índices de referencia de los alquileres en municipios tensionados.
