Todo ha transcurrido demasiado aprisa. De la noche a la mañana se han encontrado con “un despido encubierto”. Hablan de “incertidumbre e impotencia”, también de “resignación y rabia”, y califican su situación laboral de “angustiosa”. Medio centenar de empleados de CCC en Donostia, el centro oficial de Formación Profesional -históricamente referente de la mejor educación a distancia- se ha quedado sin trabajo después de llegar a un acuerdo con la empresa, que ha iniciado un proceso de movilidad geográfica para trasladar a la plantilla a su sede social de Madrid.
Ellos y ellas no han aceptado que para mantener su empleo tengan que desplazarse 500 kilómetros. La extinción de sus contratos y la indemnización, aunque está lejos de las pretensiones de la parte social, ha sido el único modo de sellar la paz.
“Creo que todavía no soy consciente de lo que me viene, pero te puedes imaginar. A ver cómo me planteo mi futuro. Hacerse un hueco en el mercado laboral está muy difícil. Tendré que coger lo que salga”, admite Julia Pérez, de 57 años, que ha descartado por completo trasladarse a Madrid, al igual que el resto de sus compañeras. Son días un tanto desconcertantes. “Si es que no he hecho otra cosa que trabajar aquí”, confiesa esta mujer, que ha dedicado 34 años de su vida a esta firma creada en Donostia en 1939.
“¿Cómo se va a marchar en el plazo de un mes a Madrid una familia con hijos, hipoteca y los padres mayores?”, se pregunta el comité de empresa
Una empresa familiar con 85 años de historia en el territorio y que hace tres fue absorbida por el fondo de inversión Grupo Crescendo. Desde entonces, dicen los trabajadores, los órganos de decisión estaban cada vez más alejados. Los rostros conocidos han sido sustituidos “por los fríos números”. Y el período de negociación se ha agotado este viernes con la firma del acuerdo entre ambas partes después de la maratoniana negociación del jueves, en la que se trató de buscar la mejor solución para una plantilla en la que buena parte de sus trabajadoras no son precisamente unas jovencitas.
El perfil mayoritario es de una mujer por encima de los 40 años y con hijos a cargo. Se trata de una plantilla veterana en la que no ha habido incorporaciones en los últimos años. Trabajadoras que arrastran situaciones personales y familiares que dificultan sobremanera la “movilidad geográfica” que se les ha planteado, y que involucraba a 49 trabajadoras.
Un planteamiento tan legal como inviable
La compañía les ha comunicado su decisión de marcharse a Madrid para “mejorar su eficiencia operativa y de organización”. Las trabajadoras saben que el planteamiento de la empresa es tan legal -lo han podido contrastar con abogados y sindicatos- como inviable para la mayor parte de la plantilla. Lamentan la "falta de empatía y de transparencia" con la que se ha llevado a cabo todo el proceso. “Los cimientos de esta empresa los pusimos desde aquí, con mucho sufrimiento y esfuerzo. ¿Todo ello para quedar ahora con una indemnización mínima?”, se pregunta Itziar Surutusa, que tras el verano cumplirá 58 años.
"Los cimientos de esta empresa los pusimos desde aquí, con mucho sufrimiento y esfuerzo. ¿Todo ello para quedar ahora con una indemnización mínima?”
Los testimonios recogidos en este reportaje son de trabajadores que forman parte del comité de empresa. Sus reflexiones, aunque aparecen con nombre y apellido, son compartidas por el resto. “No estamos hablando de un preaviso de la empresa para organizarnos con tiempo. Todo ha sido en cuestión de semanas, de tal manera que te dicen que entre julio y agosto ya tienes que estar en Madrid. ¿Cómo se va a marchar en el plazo de un mes a Madrid una familia con hijos e hipoteca y los padres mayores? El propio planteamiento de base es un despido encubierto. Ellos sabían perfectamente que en esta empresa no hay una perfil para ese tipo de traslado”, subraya Manuel Aguilar, otro de los trabajadores que pone voz al resto.
"¿Cómo se va a marchar en el plazo de un mes a Madrid una familia con hijos e hipoteca y los padres mayores? El propio planteamiento de base es un despido encubierto"
La crisis de 2013
La plantilla ya vivió una crisis importante en 2013, cuando la compañía puso encima de la mesa una serie de despidos que los trabajadores pudieron evitar a costa de reducirse el sueldo un 30%. Desde entonces, la mayor parte de la plantilla cuenta con unos ingresos parejos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tras la subida este año del 5% se sitúa actualmente en 1.134 euros en 14 pagas. “Estamos con el mismo sueldo y sin subidas salariales de ningún tipo”, critica María Sorazu, otra de las empleadas veteranas.
“Nos vendieron que la empresa iba mejorando. Y nos quedamos para levantar este negocio familiar a costa de un sacrificio económico importante. Ahora de repente nos plantean toda esta situación después de todos estos años. ¿Y qué pasa con el esfuerzo que hemos dedicado por cuatro duros pensando que podríamos sacar esto hacia adelante?”, se pregunta.
Julia Pérez abunda en la misma idea que su compañera. “Nos vendieron la película de que la empresa iba a ir a más con los nuevos inversores”. Pero el esfuerzo financiero hace tiempo que cambió de dirección. Recuerda que en el año 2020 ya abrieron un centro en Madrid, utilizando para ello la experiencia de la plantilla en Donostia, así como el beneficio de los servicios gestionados en Gipuzkoa. Desde entonces las trabajadoras han ido observando un paulatino traslado de recursos. El fondo de inversión, aseguran, “ha ido vaciando” su sede donostiarra mediante “la deslocalización de departamentos clave, como atención al alumnado, informática, contabilidad, marketing y comercial”.
La "fortaleza" del negocio
Desde la empresa destacan que "la fortaleza del negocio de la compañía está asegurada, con 6.000 alumnos matriculados cursando estudios como centro oficial de FP, y otros 1.600 en formación en abierto". Casi el 80% de la plantilla de CCC se sitúa en los centros formativos de la capital. La decisión de iniciar el proceso de “movilidad geográfica” es concentrar el total de trabajadores en estos centros operativos.
Los sindicatos LAB y CCOO han venido advirtiendo de que la “deslocalización” de la empresa ponía en riesgo a los 50 trabajadores, al albur de unos órganos de decisión cada vez más alejados. Hasta la irrupción del grupo inversor, insisten los empleados, habían sentido la cercanía de la empresa familiar. Una firma que ha contado con diferentes sedes, desde sus inicios en la calle Garibay de Donostia hasta su actual ubicación, en el Parque Empresarial Zuatzu. “Era un trato familiar, hasta que llegó el planteamiento de despidos y el recorte salarial”, señalan. Desde entonces “han estado quitando progresivamente puestos aquí para ir poniéndolos allí”, resume gráficamente Surutusa.
Las maneras de hacer han ido variando en la compañía. “Todo empezó a cambiar de la mano de unos directivos que vienen muy poco a Donostia y que son fríos en el trato. Comenzaron a tomarse decisiones repentinas, como el hecho de cambiar el domicilio fiscal a Madrid sin ningún tipo de comunicación previa”, indica Pablo López, otro de los empleados que pone voz al colectivo.
A raíz de todos esos cambios, parte de la plantilla propuso rescindir la relación laboral. Los trabajadores no veían perspectivas de futuro y comenzaron a marcharse. En las oficinas de Donostia ninguno de esos puestos vacantes ha sido cubierto. El traslado a Madrid se intuía ya desde hacía tiempo. “Lo último ha sido proponernos la movilidad geográfica, que no deja de ser un despido encubierto”, denuncia Pérez. El sindicato LAB señala que la actual mercantil deja en la calle a 50 trabajadoras después de aplicar el procedimiento de movilidad geográfica regulado en el artículo 40.2 del Estatuto de los Trabajadores.
"Arduas" negociaciones
Las negociaciones ha sido “arduas”, y el final irremediable. “Nos lo han planteado todo en unos plazos imposibles. Igual en un año tampoco se habría acogido nadie, pero habríamos agradecido esa mayor transparencia. Al menos darnos un tiempo para plantearnos las cosas. En este caso no ha habido una transición, todo ha sido muy abrupto”, denuncian. Y todas las medidas que han planteado han sido rechazadas.
Una de ellas, según explica Sorazu, ha sido la de teletrabajar. “Es una propuesta que se puede valorar, y más teniendo en cuenta que se trata de un centro de educación a distancia. Consideramos que si estás vendiendo una formación a distancia se puede teletrabajar, al igual que hicimos durante la pandemia. Nos han dicho que no, que no lo ven viable por razones organizativas, que no creen en ello. Su apuesta es presencial”, resuma la empleada.
"Consideramos que si estás vendiendo una formación a distancia se puede teletrabajar, al igual que hicimos durante la pandemia. Nos han dicho que no, que no lo ven viable por razones organizativas, que no creen en ello"
Como dice Manuel, “querían sí o sí el traslado, y no había otra posibilidad por mucho que lo hemos intentado. Cualquier cosa que planteemos es no”. A partir de ahí, han buscado la mejor solución posible, y más aún, dicen los trabajadores, teniendo en cuenta que hay compañeras que llevan toda su vida trabajando en la empresa. Aguilar resume la situación del siguiente modo. “Desde que se vendió al grupo inversor, evidentemente, lo único que ha hecho ha sido mirar por su rentabilidad. Les da exactamente igual el perfil de las trabajadoras, su edad y su situación familiar. Al final todo se resume en un grupo inversor que mira por sus números, y que ha invertido su dinero en las sedes que han abierto en Madrid. Aquí les sobra la gente, y no quieren dar ninguna opción”.
"El grupo inversor mira por sus números, aquí les sobra la gente, y no quieren dar ninguna opción”
Aguilar insiste en el mensaje. “Ellos saben que en un mes tú no puedes dejar tu vida. Lo raro hubiera sido que la mitad de la plantilla se habría ido a Madrid”. “Ha sido todo muy meditado: ir contratando a gente en Madrid y no coger a nadie aquí para cubrir esos puestos”, añade Pérez. “Se veía que esto iba a ocurrir, pero no esperábamos que fuera tan repentino”, lamentan los trabajadores.
