La comisión de control en la contratación del Ayuntamiento de Donostia ha detectado un total de 69 “ilegalidades” en los convenios en vigor del pasado año de 2022, una cifra que duplica la del año anterior, cuando la misma mesa registró 35 situaciones fuera de las normativas. El número de nuevos contratos que suscribió el Consistorio rondó el centenar, al igual que en 2021, según detalla también la memoria de la comisión de control en la contratación, que pasará este martes por la Junta de Gobierno local.
Así lo recoge el documento anual que se elabora desde 2008 para conocer la corrección de los contratos en vigor de la institución local, el número de nuevos convenios suscritos, así como las “consideraciones de carácter negativo” detectadas en ellos y las propuestas presentadas en relación con los convenios de obras y servicios que encarga el Consistorio.
La mayoría de las irregularidades analizadas por la comisión de control en la contratación hace referencia a la aprobación de los convenios, modificaciones o expedientes “a posteriori”, es decir, una vez que ya están funcionando, como si la tramitación no se hubiera llevado a cabo a tiempo.
Este caso se repite en más de una veintena de ocasiones. Por ejemplo, en los cambios introducidos en el convenio con la empresa encargada de limpiar los edificios municipales, que se aprobó después de estar ya efectivamente en vigor. Lo mismo sucedió con el contrato para modificar la obra del paso inferior de Iztueta, firmado después de ejecutarse; la modificación de contratos de servicios de control de tráfico; la prórroga del contrato para explotar un kiosco de helados; o las modificaciones de los contratos de gestión de las cabinas de las playas; así como de la suspensión de obras en las cabinas de La Concha.
Otro de los errores que más han aflorado en la mesa de control de la contratación, con una docena de casos, es el que hace referencia al mantenimiento de contratos que, en principio, tenían que haber finalizado. Este es el caso, por ejemplo, de la recogida de voluminosos a domicilio en Intxaurrondo, Loiola y Martutene; el mantenimiento de las escaleras mecánicas de la ciudad; el servicio de asesoramiento del Centro de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos de Aiete; el mantenimiento del alumbrado público; la continuidad de obras en las cabinas de La Concha; y el contrato para el control de los andamios en la vía pública, entre otros.
Facturas
Entre las casi 70 infracciones de las normativas de contratación se encuentran también otros casos como la adjudicación de contratos menores (por su cuantía), como el de megafonía de las playas o de herrería para la ciudad, con “eficacia retroactiva”. También se ha revelado la existencia de abono de facturas que no corresponderían, según los contratos, o no están justificadas. Por ejemplo, cita el estudio de alternativas para la plaza Interior del Grupo Arévalo, en Txomin Enea, cuya naturaleza pública “no consta”, según señala el informe, o la factura del Simposio Internacional de Victimología.
Otras infracciones halladas a lo largo del año hacen referencia a la certificación final de las obras de construcción del polideportivo de Altza, que incluyeron nuevas unidades “que hubieran requerido” otro contrato.
También se incluyen entre las irregularidades “necesidades recurrentes” como los servicios de mantenimiento de las instalaciones del faro de la isla de Santa Clara y el de mantenimiento preventivo de la legionella en el recinto de la obra artística de Hondalea.
La memoria detalla también la naturaleza de los 101 convenios con empresas suscritos a lo largo de 2022. El Ayuntamiento firmó 59, mientras que Donostia Kultura encargó once; Dbus, diez; Fomento de San Sebastián, ocho, y Donostia Kirola, dos, entre otros.
La gran mayoría de todos los contratos (42 de 101) fueron de servicios. Les siguen los 31 de suministros y otros 23 de obras. Además, a lo largo del pasado año se modificaron 34 convenios con empresas.
La memoria que contiene todos los datos registrados fue aprobada por la comisión de control de la contratación el pasado 28 de marzo y pasará este martes por la Junta de Gobierno Local antes de que el Pleno sea informado.
