La normalización del euskera continúa sumida en un horizonte incierto. La polémica regresa tras un doble fallo judicial que vuelve a cuestionar la base jurídica de los ayuntamientos. Los juzgados número 2 y 3 de lo Contencioso Administrativo de Donostia consideran que es “discriminatorio” exigir el perfil B1 en euskera en la convocatoria del Ayuntamiento de Pasaia para contratar a quince operarios de limpieza viaria. Estas resoluciones se suman a una quincena de sentencias judiciales del mismo signo en apenas año y medio.
El nuevo fallo señala que las funciones de las personas designadas para cumplir con esas plazas en Pasaia “no justifican la exigencia de conocimiento del euskera”, según informó ayer el sindicato LAB en un comunicado. La resolución, que responde a un recurso interpuesto por dos particulares, considera que el hecho de que los operarios de limpieza no acrediten al perfil en nada afecta al derecho de la ciudadanía a utilizar el idioma en su relación con la Administración.
Indica, en ese sentido, que no se ha acreditado que “para garantizar ese derecho sea estrictamente necesario que todo el personal de la limpieza viaria conozca el idioma”, explicó el sindicato. El juez va más allá. Argumenta que la exigencia del perfil de euskera como requisito específico para acceder a las quince plazas supone una “vulneración del derecho fundamental de los recurrentes al acceso a la función pública en condiciones de igualdad”.
La ofensiva judicial suma de este modo un nuevo capítulo en la larga lista de “sentencias preventivas” que consideran que el decreto que se aprobó en Euskadi con amplio consenso político el 19 de noviembre de 2019 para normalizar el uso del euskera en las administraciones locales es poco menos que una herramienta que puede relegar al castellano.
En concreto, la nueva sentencia que se pronuncia sobre la convocatoria del Ayuntamiento de Pasaia señala que “el principio general” es que “pueda valorarse como mérito no eliminatorio el conocimiento de las lenguas españolas diferentes del castellano”. Y añade que para “determinadas plazas” los poderes públicos puedan conceder carácter de “mérito” a conocimiento del idioma cooficial.
Dicho esto, considera “discriminatoria” la exigencia del euskera “cuando se impone para cubrir plazas que no estén directamente vinculadas a la utilización de las lenguas de la comunidad autónoma”. La resolución considera que solo debe exigirse para aquellos casos en los que “la imposibilidad de utilizar” la lengua vasca pueda producir “una perturbación importante en su derecho a usarla cuando se relacionan con la Administración”.
El fallo señala que, cuando así sea, puede garantizarse que “alguno de los funcionarios hable el idioma peculiar de la Comunidad, todo ello matizado por la vigencia del deber constitucional de conocer el castellano”. Si no existe esa “perturbación”, considera que sigue siendo “plenamente aplicable la tesis jurisprudencial que considera discriminatoria” la exigencia del euskera con carácter obligatorio.
Movilizaciones
LAB consideró ayer que la estructura jurídico-política “está construida para evitar la plena normalización del euskera y hacer imposible que los euskaldunes puedan vivir cómodamente en euskera”. El pasado 4 de noviembre miles de personas se echaron a la calle por este motivo, respondiendo en Bilbao a la convocatoria realizada por Euskalgintzaren Kontseilua, un colectivo que reúne a una treintena de organizaciones y agentes que trabajan en la normalización del euskera. Denunciaron “la injerencia” por parte de la Justicia. Desde 2020, diferentes juzgados y tribunales de Euskadi han emitido, al menos, 18 sentencias anulando cláusulas, condiciones o requisitos sobre el euskera.
Bajo el lema Oldarraldia aurrean, euskararekin bat, euskaraz bat, (Ante la ofensiva, con el euskera, unidos por el euskera) la multitudinaria manifestación de noviembre contó con la adhesión y el apoyo de la mayoría sindical vasca, con ELA y LAB a la cabeza, y el propio Gobierno Vasco. Los convocantes señalaron entonces que el modo más directo de deshacer toda la maraña judicial pasaba por aprobar una nueva normativa con rango de ley que supliera la que acaba de cumplir 40 años, ya que parecía difícil desenredar el ovillo judicial provocado por los constantes recursos de Vox, que han encontrado eco en la sala del ya popular juez Garrido del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
“Estas sentencias en contra del euskera han llegado de forma totalmente sistemática y comparten una lógica: que las instituciones vascas han ido demasiado lejos con la normalización del euskera y que eso hay que detenerlo y priorizar la defensa del castellano en Euskadi”, señalaba entonces a este periódico Iñigo Urrutia, jurista experto en derecho administrativo.
Las nuevas sentencias ahora conocidas sobre la convocatoria de Pasaia determinan que “hay que justificar cada perfil de euskera” y “no es necesario exigir perfiles a todo el personal de estas secciones” ya que “el conocimiento por parte de algún trabajador es suficiente”.
Para el sindicato LAB este discurso “muestra claramente la posición ideológica supremacista y euskarófoba de estos jueces y de la justicia española en general” para quienes el euskera “es subalterno al español, y los derechos de las y los euskaldunes son secundarios”. LAB ha hecho un llamamiento a las movilizaciones convocadas por Euskalgintzaren Kontseilua y Bokale mañana a las 18.30 horas en la Plaza Biteri de Pasai Antxo. Asímismo, hoy a mediodía se concentrarán contra ambas resoluciones judiciales trabajadores de Pasaia.
Protestas que siguen la estela de otras manifestaciones en medio de un tsunami judicial que tiene a más de un centenar de ayuntamientos en vilo y sin base jurídica para funcionar con normalidad, tras dos sentencias de octubre del año pasado en las que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en virtud de una resolución del Tribunal Constitucional, anuló varios artículos del Decreto 179/2019.
La polémica se inició con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 6.2 de la ley de Instituciones Locales de 2016, que faculta a los ayuntamientos para decidir cómo regular el uso del euskera y el castellano en sus relaciones internas y con la ciudadanía. El 3 de mayo de 2021 la justicia también anuló los perfiles lingüísticos de 12 puestos de trabajo de la Policía Local de Irun, alegando que su implantación era discriminatoria con los que no saben euskera.
Casi un año después, en mayo de 2022, una nueva sentencia sobre los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Llodio consideraba que el euskera es “demasiado difícil”.
En septiembre de 2022 el mismo tribunal rechazó la necesidad de acreditar el nivel B2 de euskera para poder acceder a la bolsa de trabajo de la Policía Local de Gasteiz. En enero de ese año se dictó una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que se explicaba que el Ayuntamiento de Barakaldo no podía establecer un perfil de euskera a los trabajadores de empresas privadas, a pesar de que éstas ofrecían servicios municipales. Dos meses después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) también se opuso a solicitar el conocimiento del euskera en la convocatoria de 34 plazas de cuidador en la Fundación Uliazpi por considerarlas “abusivas”.
