Las corrientes son muy peligrosas, porque cuando te atrapan, te arrastran con fuerza, y ahora mismo el euskera se encuentra en medio de un tsunami judicial que tiene a más de un centenar de ayuntamientos en vilo, sin base jurídica para funcionar normalidad, nadando por tanto en la inseguridad jurídica y con un horizonte incierto.
Son quince sentencias judiciales en apenas un año y medio. Todas ellas “sentencias preventivas”, que consideran el decreto que se aprobó en Euskadi con amplio consenso político el 19 de noviembre de 2019 para normalizar el uso del euskera en las administraciones locales una herramienta demasiado peligrosa que puede relegar al castellano.
Así lo considera Iñigo Urrutia, jurista experto en derecho administrativo, que estará en la manifestación del próximo sábado en Bilbao (17.00 horas), bajo el lema Oldarraldia aurrean, euskararekin bat, euskaraz bat. Y apunta a multitudinaria.
"La lógica de todas estas sentencias es que se ha ido demasiado lejos con la normalización del euskera y hay que pararlo"
Para Urrutia, ahora mismo el modo más directo de deshacer toda esta maraña judicial pasa por a aprobar una nueva normativa con rango de ley, es decir una nueva ley de normalización del uso del euskera que supla la que acaba de cumplir 40 años, ya que parece difícil desenredar el ovillo judicial provocado por los constantes recursos de Vox, que han encontrado eco en la sala del ya popular juez Garrido del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
“Estas sentencias en contra del euskera han llegado de forma totalmente sistemática y comparten una lógica: que las instituciones vascas han ido demasiado lejos con la normalización del euskera y que eso hay que detenerlo y priorizar la defensa del castellano en Euskadi”, lo que hace tambalear todo el ordenamiento jurídico que sostiene el uso del euskera, explica Urrutia.
Este jurista tiene claro que esta situación va en contra del propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 6, que sí valora expresamente la situación sociolingüística de cada municipio como referencia a tener en cuenta en el uso del idioma oficial local. “En la práctica, en todo este tiempo de aplicación, no se ha planteado ningún problema jurídico con la ciudadanía”, señala.
El TSJPV, apoyado en el Constitucional, considera que el decreto 178/2019 concede a los Ayuntamientos demasiadas posibilidades que pueden ser utilizadas en contra del castellano. “Y lo que están haciendo los jueces, en mi opinión, es en vez de aplicar la ley, interpretarla y hacerlo en contra del sentido que marca el estatuto y la Constitución”.
La extralimitación y el absurdo es evidente en algunos aspectos, en opinión de Urrutia. El decreto cuestionado del Gobierno Vasco establece, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de un municipio euskaldun dirija la primera palabra en euskera al ciudadano que atiende, y luego, en función de la respuesta del ciudadano, se continúe con el idioma empleado por éste. Las sentencias del TSJPV dicen, sin embargo, que no se puede priorizar un idioma sobre otro, ni siquiera como herramienta de normalización. Sin embargo, apunta Urrutia, “el juez no ve problema cuando se prioriza el castellano”.
“Feo panorama” judicial
“La inseguridad jurídica es total. Muchos alcaldes me llaman para preguntar si pueden exigir, por ejemplo, en un contrato público el uso del euskera a una empresa”. Urrutia de nuevo lo tiene claro: “El depositario de ese derecho lingüístico es el ciudadano, el que recibe el servicio, que es a quien se debe garantizar una atención en el idioma oficial que elija, y por tanto, sí podría exigirse el conocimiento del euskera a una empresa que vaya a ofrecer ese servicio público”. El juez lo rechaza.
Urrutia asegura que el recurso del Gobierno Vasco tendría oportunidad de prosperar si llegase al Tribunal Supremo, porque el máximo órgano judicial español, “nunca ha puesto en duda las cláusulas de idiomas y hay sentencias en ese sentido”. Ya avaló, de hecho, que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria pudiera establecer cláusulas relativas al conocimiento del idioma en un contrato público.
Preocupa que cualquier medida para favorecer a la lengua más débil se vea como un ataque al castellano"
“Hay argumentos jurídicos a nuestro favor, pero el proceso de aceptación del recurso de casación es muy difícil”, asegura Urrutia. Es decir, lo difícil es que se admita a trámite, una cuestión formal que puede imponerse al fondo de la cuestión. Si pasase ese filtro, sus posibilidades de prosperar aumentarían.
“El panorama es realmente feo”, reconoce Urrutia, en cuya opinión, ahora mismo la vía más rápida para dotar de base jurídica a los ayuntamientos euskaldunes es una nueva ley de normalización del uso del euskera que sustituya a la actual de noviembre de 1982.
“Judicialización de la política”
El Gobierno Vasco también considera que estas sentencias sucesivas contra el euskera son “un ejemplo claro de judicialización de la política. Esta cuestión no ha generado controversia ni polémica en las entidades locales. De hecho, tiene su origen en la denominada Ley Municipal, cuya aprobación alcanzó un amplio consenso en el Parlamento Vasco en 2016 y que, posteriormente, Gobierno vasco y español (del PP) pactaron respetar aspectos lingüísticos de la ley y no elevarlos al Tribunal Constitucional”, aseguran fuentes del Ejecutivo. El propio consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha dicho esta semana que las sentencias del TSJPV contra el euskera no responden a una preocupación social”.
En muchos ayuntamientos vascos la preocupación es máxima. Martin Aramendi es el actual presidente de Uema, la mancomunidad de municipios euskaldunes, una organización que agrupa actualmente a 101 municipios de Hego Euskal Herria (1 en Araba, 16 en Nafarroa, 30 en Bizkaia y 54 en Gipuzkoa).
"Hoy en día, con las herramientas que tenemos, se cumplen los derechos lingüísticos de todas las personas"
El alcalde de Ataun, un municipio de 1.600 habitantes y amplia mayoría euskaldun, explica la situación de desconcierto que provocan estas decisiones judiciales en el día a día de muchos consistorios, pendientes todos ellos de si prospera el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Vasco. “Si no prospera y echan atrás todos los puntos de este decreto, tendríamos que decidir si cumplirlo o seguir como hasta ahora. Cumplirlo es ahora mismo imposible e algunos aspectos”, incide.
Los criterios de contratación son uno de los puntos más sensibles. “Ahora mismo en Ataun estamos digitalizando las áreas rurales (elaborando mapas actualizados de las parcelas). Hemos hecho tres fases y en cada una había unos 130 propietarios diferentes (baserritarras en su mayoría). Lo importante al ofrecer ese servicio es que el propietario se sienta cómodo. ¿No podemos poner una cláusula al contratista que incluya el conocimiento del euskera?”, se pregunta Aramendi.
En su experiencia, señala que “hoy en día, con las herramientas que tenemos, se cumplen los derechos lingüísticos de todas las personas. Lo que decimos es que en los arnasgunes (núcleos con una población euskaldun superior al 90% en muchos casos), los ciudadanos se tienen que sentir cómodos. Y que quien quiera recibir un servicio en castellano lo reciba, pero con esto no nos quieren dejar vivir”. Aramendi cree que estas sentencias son un “ataque directo” a los pueblos integrados en Uema.
La manifestación del 4 de noviembre en Bilbao cuenta con la adhesión y el apoyo de la mayoría sindical vasca, con ELA y LAB a la cabeza, y el propio Gobierno Vasco y partidos como EAJ-PNV y EH Bildu han llamado a la ciudadanía a participar en ella. La movilización la convocó en mayo Euskalgintzaren Kontseilua, un colectivo que reúne a una treintena de organizaciones y agentes que trabajan en favor de la normalización del euskera.
