Navarra cierra una planta de tratamiento que recibía residuos de la incineradora

De esta manera la compañía de Artajona ha incumplido la autorización ambiental integrada, por lo que el departamento ha decretado el cierre cautelar de la instalación y la apertura de expedientes sancionadores. Según detalló Medio Ambiente, la actividad de la planta quedará paralizada hasta que acredite que su actividad cumple con la normativa y, además, se le ha impuesto una multa que asciende a los 40.000 euros.

Aierdi detalló que su departamento detectó que la planta de Artajona estaba recibiendo residuos líquidos con códigos de identificación incorrectos provenientes de la incineradora de Zubieta, dependiente de la Diputación de Gipuzkoa.

De hecho, los lixiviados son líquidos que se generan al pasar a través de residuos sólidos –como puede pasar en una incineradora– y que pueden contener sustancias tóxicas, por lo que deben gestionarse adecuadamente para evitar impactos ambientales negativos, y la planta de Artajona solo tiene autorización para procesar sustancias sólidas o lodos consistentes.

De esta manera, el Ejecutivo foral comunicó el pasado mes de diciembre a Ecofert Sansoain la existencia de un expediente de investigación por estar recibiendo residuos líquidos con códigos incorrectos de la incineradora de Zubieta, al que la empresa no aportó alegaciones, lo que llevó al Gobierno foral a abrir un expediente sancionador, al que ahora la compañía también puede aportar, si lo considera, alegaciones.

Otra investigación del Seprona

Pero la investigación del Gobierno foral no era la única en ciernes en la planta de Artajona ya que, de forma simultánea, la Guardia Civil, a través del Seprona, inició una investigación dirigida por un juzgado de Donostia, que tiene una pieza penal abierta sobre la gestión de la incineradora de Zubieta y en la que se investiga, entre otros, al diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio.

Dicha causa se abrió tras la denuncia de la asociación GuraSOS, que afirmaba que la planta de Zubieta habría generado el lixiviado líquido “dándole un código de residuo y un concepto erróneos de forma consciente” y “habría encargado el tratamiento de parte de estos residuos a la empresa Ecofert Sansoain de Artajona”, que no tiene autorización para gestionar esta sustancia.

En ese sentido, Aierdi aclaró ayer que el expediente abierto por su departamento “no surge de denuncias públicas ni de solicitudes de información del Seprona, sino como parte de un proceso ordinario de control”.

El consejero explicó que la codificación del residuo enviado a Artajona se realiza en origen, es decir, en la planta de Zubieta, pero señaló que “lo crucial en este suceso es que se trata de un residuo líquido, que, independientemente de la codificación, no debería haber sido aceptado por las instalaciones de Ecofert Sansoain”.

Más de 110.000 euros en multas

En su comparecencia de ayer en el Parlamento, Aierdi detalló la cronología de los hechos en torno a la gestión de residuos irregulares por parte de Ecofert Sansoain, que acumula más de 110.000 euros en multas por prácticas fraudulentas en el último año.

Así, en enero de 2023, tras recibir un aviso anónimo sobre residuos líquidos aplicados al terreno, Medio Ambiente llevó a cabo una inspección en la instalación de la empresa, en la que se observó que la balsa de decantación estaba llena y el líquido se desbordaba continuamente a una acequia cercana, por lo que se multó a Ecofert Sansoain con 20.001 euros. En marzo, el transporte no autorizado de lixiviados llevó a otro informe de inspección, tras el cual se instó a la empresa a cesar la recepción de estos residuos, enviar la balsa de lixiviados a un gestor y procesar el material. No obstante, se inició un expediente sancionador de hasta 50.000 euros.

Finalmente, el pasado noviembre se inició una nueva inspección por parte de la Policía Foral en la que se volvieron a detectar deficiencias y se constató que la planta seguía gestionando estos residuos de forma irregular, lo que ha llevado al departamento a decretar el cierre cautelar de la empresa, además de interponerle una nueva sanción de 40.000 euros.