Se decidió “tirar” el 30 de diciembre. “Así le decimos. Tirada”, que es el equivalente a efectuar la detención y culminar un trabajo de “unos cinco meses de investigación” en este caso. Para entonces, uno de los dos Grupos de Operaciones de Extranjería (GOE) que operan en la comisaría de la Policía Nacional en Donostia, ya había recabado las suficientes pruebas, después de horas y horas de seguimiento, y contaba con autorización judicial para entrar y realizar los pertinentes registros en varios domicilios y una lonja de Eibar.
La detención del sospechoso se produjo en Donostia: un varón de 39 años, residente en Bilbao, y origen marroquí, que ya “había obtenido la nacionalidad española con anterioridad”.
Se le acusa de alojar en condiciones insalubres y explotar laboralmente a 49 personas de nacionalidad marroquí en Eibar. “Sólo alquilándoles pisos” sin electrodomésticos esenciales, calefacción ni somieres, “obtenía 5.700 euros al mes”, según la Policía, pero “también sacaba de los empadronamientos fraudulentos y de la explotación laboral” en una empresa de construcción en la que les imponía “condiciones laborales abusivas”.
El de Eibar “no es un caso aislado”. De hecho, son varias las actuaciones de este tipo llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gipuzkoa. “En todo España hay un montón de situaciones de este tipo. En el País Vasco y Gipuzkoa también, no son una excepción. El 99% son casos de explotación laboral y prostitución coactiva”, asegura un inspector de la Policía Nacional a este periódico.
“Muchos suelen ser compatriotas”
Existe además un perfil determinado de malhechor en estos casos. “Suelen ser muchos de ellos compatriotas, que han llegado antes a nuestro país, se han asentado, tienen una infraestructura, y la utilizan para captarlos y traerlos y luego les explotan”, explica este inspector con experiencia combatiendo mafias de trata de personas en Tenerife y experiencia en otros destinos como Sevilla o Santander.
“Lo que más me ha llamado la atención es que el detenido actuaba solo y no tenía antecedentes”
Las víctimas del caso de Eibar “son personas vulnerables y extranjeras. No tienen contrato, se les paga todo en negro. Les someten a unas reglas estrictas y si vulneran los horarios, les quitan dinero por esa falta. Hacen que sean dependientes en todos los sentidos”.
“Así es la esclavitud del siglo XXI. Hoy en día no te ponen grilletes en los pies, pero te ponen a trabajar en la construcción, como en este caso; o en un lugar comercial, te meten quince horas al día, y te hacen ver que gracias a ellos te van a dar la nacionalidad”, asegura esta fuente policial.
“Lo que me ha llamado la atención en este caso es que el detenido actuaba él solo; normalmente suelen estar en una pequeña red. Y tampoco tenía antecedentes previos; a veces sí tienen”, asegura este inspector de la Policía Nacional.
Las víctimas “son personas jóvenes”. En muchos casos estaban solos. “Tenían una habitación para vivir”, iban a trabajar y “enviaban el dinero a sus países”. Así era su vida. Una vida de miedo inculcado con el único propósito de tenerlos atados: miedo a ser descubiertos y expulsados del país.
“No es un caso aislado; lo primero que les dicen es que si se lo cuentan a la Policía les van a expulsar del país”
“Ahora han sido derivados hacia los servicios sociales, donde se les proporcionará un alojamiento, asistencia social y alimentos. En principio, podríamos considerarlos como testigos protegidos”, con los que se elaboran atestados codificados.
Durante el año 2023, los grupos operativos de Extranjería de la Policía Nacional que operan en Donostia han llevado a cabo numerosas operaciones contra la trata de seres humanos, ya sea con fines de explotación laboral o sexual, y también por vulneración de los derechos de los trabajadores y falsedad documental, que son el pan nuestro de cada día para este grupo de trabajo.
Si tenemos en cuenta siete de las actuaciones más relevantes de la Brigada de Extranjería de Gipuzkoa en el último año, se ha detenido, incluyendo el caso de Eibar, a 19 personas por estos delitos.
“La nuestra es una labor callada y oscura, pero gratificante, porque estamos liberando a víctimas y deteniendo a los malos. Nuestra prioridad es proteger a las víctimas y si vemos que están bajo el control de los delincuentes, automáticamente tenemos que liberarles”, explica este inspector.
“Les cuesta denunciar”
En muchos casos, todo parte de denuncias anónimas. “No nos importa que sean anónimas, porque las comprobamos todas. Para que vengan aquí en persona y hacer un escrito nominativo, tienen que estar desesperados ya”.
Esa es la realidad. “Les cuesta mucho denunciar (trata@policia.es). Tienen poca confianza. Lo primero que le dicen es que si se lo cuentan a la Policía, les van a expulsar del país, cuando somos todo lo contrario, y estamos para ayudarles”, explica este inspector.
“Lo más duro es la explotación sexual. Nos encontramos a mujeres emocionalmente destrozadas”
Pero en casos de Extranjería, “lo más duro es la explotación sexual, de verdad. Las secuelas son enormes, porque su herramienta es su cuerpo y a veces ves a mujeres que están emocionalmente destrozadas”.
Es el caso que se destapó en 2023 en Irun, y que culminó con la detención de cuatro personas después de más de un año y medio de investigación. “Se detuvo a una ciudadana de origen chino y un ciudadano francés por trata de seres humanos y delitos contra la libertad e indemnidad sexual, tras detectar un piso en la localidad de Irun en donde las meretrices eran todas de nacionalidad china, en su mayoría en situación irregular y entregaban el 50% de sus beneficios a la gestora del piso”. En una segunda operación, también se procedió a la detención de una mujer y un varón, ambos de nacionalidad china, administradores solidarios de varias sociedades limitadas mediante las cuales habrían regularizado a personas, simulando relaciones laborales inexistentes.
Contra el empleo irregular
70 inspecciones y 268 identificados. Durante 2023 la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Gipuzkoa ha colaborado con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en la realización de Inspecciones conjuntas en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, articulando sucesivas inspecciones conjuntas en todo el territorio guipuzcoano, realizando en total 70 inspecciones con 268 identificados, en su mayoría sobre establecimientos de hostelería, empresas de producción de alimentos, locutorios y otros establecimientos de índole comercial. Ello ha propiciado la detención de dos personas.
Un equipo de 68 personas
La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Gipuzkoa está compuesta por un total de 68 funcionarios, que llevan a cabo investigaciones relacionadas fundamentalmente con los delitos de trata de seres humanos, tráfico de personas y falsedades documentales. También efectúan investigaciones sobre empresas ficticias y fraudes a la Seguridad Social y tienen competencia sobre otros que pese a estar tipificados “no se dan o son escasísimos”, como el tráfico de órganos o los matrimonios de conveniencia.
"Cinco meses" de investigación
El Grupo Operativo de Extranjería que ha llevado esta investigación en Gipuzkoa lo integran 21 funcionarios: 1 Inspector, Jefe de Grupo Operativo, 3 Subinspectores, 2 Oficiales de Policía y 15 Policías. La investigación duró “unos cinco meses”.
