Con el invierno a dos meses vista, y ante el paulatino descenso de la temperatura en esta época otoñal, las miradas vuelven a dirigirse al gasto energético de los hogares vascos, donde el desembolso medio durante el último año ha sido de 1.304 euros, casi 200 más que los registrados doce meses atrás -1.125 euros-, según se desprende de la estadística de gasto familiar del Eustat y de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Las facturas de electricidad suponen al cabo del año un coste de 756 euros, a los que se añaden 480 de gas natural, y otros 68 en concepto de otros combustibles. Aunque parece que la crisis energética va amainando, esta serie de gastos siguen siendo inasumibles para 401 familias en Gipuzkoa, como ha revelado esta semana Cruz Roja, entidad que pone el acento en el paulatino incremento de la pobreza energética que parece abrirse paso entre la población vasca.
Así lo ha constatado esta organización, que ha atendido en el primer semestre de este año a un total de 1.381 familias en Euskadi. Se han superado así, en seis meses, las cifras de todo 2022, cuando ayudaron a 1.019 hogares en la respuesta a necesidades urgentes, como el pago de facturas pendientes de luz, gas y agua. "La pobreza energética no es algo coyuntural sino estructural, y además va en aumento", señala la entidad.
Cortes de suministro
Se trata de evitar a toda costa cortes de suministro en los hogares, cuestión de la que vienen alertando estos últimos días una veintena de organizaciones sociales. Señalan que este próximo año podría producirse el estallido de una "gran crisis" de cortes de suministros, con "consecuencias catastróficas para miles de hogares" si no se prorroga la actual moratoria, que fue aprobada en 2020, en el momento álgido de la crisis del covid-19 como parte del llamado escudo social, y que finaliza el 31 de diciembre de 2023.
Ante la situación de desprotección originada por la crisis del coronavirus y la posterior subida de los precios de la luz, una de las medidas estrella del Gobierno de la última legislatura contra la pobreza energética fue prohibir los cortes de suministros básicos a las familias más vulnerables, escenario que presenta sus incógnitas a partir de este próximo comienzo de año, al que se suma ahora la reciente crisis en Oriente y sus efectos en el precio del gas y los carburantes.
La rebaja del IVA del 21 al 5% en la factura del gas y la luz podría caducar también en la misma fecha. Medidas que han supuesto cierto alivio y que podrían desaparecer, según apuntan distintas fuentes, lo que obligaría a los hogares a rascarse más el bolsillo para pagar la factura de la luz y el gas cuando los impuestos recuperen sus niveles habituales.
Gasto excesivo en casi 40.000 hogares guipuzcoanos
Todo ello visto desde Gipuzkoa, un territorio en el que las diferentes manifestaciones de la pobreza energética afectan a casi dos de cada diez familias. Son 38.864 hogares, 98.482 personas, las que declaran hacer un gasto excesivo para poder pagar la energía. El 7,8% de los hogares (59.756 personas) confiesa no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada, según recoge el Observatorio de la Pobreza Energética de Gipuzkoa.
El territorio no está mal posicionado, ni en la comparativa con el estado ni con otros países europeos, pero más allá de las estadísticas, la realidad es que muchos hogares no pueden permitirse pagar la energía y mantener un confort básico según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas foral lleva años analizando la situación de la población guipuzcoana ante el problema del coste de la energía. Se tienen en cuenta para ello diferentes parámetros. Uno de los principales indicadores es el gasto energético en relación con los ingresos cuando éste supera porcentualmente el doble de la media de los hogares del territorio. Una situación que afecta al menos a un 13,6% de los hogares.
Un segundo indicador de referencia es el que apunta a cuando se realiza un gasto inusualmente bajo, menos de la mitad de la media destinada por los hogares del territorio. La proporción de familias que realizan ese gasto mínimo -en torno a 372 euros frente a los más de mil de media- ha crecido en 1,1 puntos porcentuales, con 2.700 hogares adicionales identificados en esta situación. Según los datos dados a conocer esta semana por Cruz Roja, la pobreza energética impacta en mayor medida entre las mujeres, que constituyen un 71,6% de las personas atendidas. Por rangos de edad, son aquellas que tienen entre 31 y 50 años las que acuden en mayor medida a solicitar ayuda.
Alternativas: comunidades energéticas y autoconsumo
En este contexto, en Gipuzkoa se vienen ofreciendo alternativas para reducir el consumo en los hogares y hacer frente a la escalada de precios, con especial hincapié en las comunidades energéticas y el autoconsumo a partir de las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en cubiertas de edificios públicos, medidas que impulsa el departamento foral de Medio Ambiente en colaboración con distintos ayuntamientos.
Esta opción es ya una realidad en ocho municipios del territorio en los que la ciudadanía puede inscribirse para acceder al consumo de energía renovable y obtener ventajas económicas y sociales. Las comunidades energéticas "además de aumentar la cuota de energías limpias permiten abaratar entre un 20 y un 30 % la factura de la luz".
En esa búsqueda de soluciones se han aprobado diferentes medidas, como el bono social térmico, que complementa el respaldo económico a las familias más vulnerables, beneficiarias del bono social eléctrico. Se trata de un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque son las comunidades autónomas las que gestionan y tramitan el pago.
El Gobierno Vasco acaba de aprobar el decreto que regula el marco de gestión para estas ayudas destinadas a pagar las facturas de la calefacción, agua caliente o cocina. La cantidad que percibe cada hogar para sufragar los gastos derivados del frío se establece en función del lugar donde se resida (zona climática del municipio) y el grado de vulnerabilidad: 'vulnerable' o 'vulnerable severo'.
La nueva normativa obliga a las comercializadoras energéticas a remitir al Gobierno Vasco la lista de beneficiarios del bono social eléctrico, en lugar de hacerlo a la Administración General del Estado, tal y como dictaminó el Tribunal Constitucional al atender parcialmente un recurso interpuesto por la institución autonómica.
El decreto ley establecía que las comercializadoras de energía debían remitir los datos de los beneficiarios del bono social eléctrico a la Administración General del Estado para su gestión, pero el Gobierno Vasco recurrió este punto al considerar que es una competencia autonómica y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón. En base a la nueva ley, estas empresas están obligadas a enviar estos datos a la administración vasca para que esta gestione y abone estas ayudas.
