Familias guipuzcoanas que firmaron su hipoteca en plena burbuja inmobiliaria han comparecido este martes en Donostia para denunciar su crítica situación, que puede acabar en desahucio, ya que a pesar de cumplir los requisitos de vulnerabilidad para beneficiarse de una carencia de cinco años, por la cual sólo pagarían los intereses de la hipoteca durante ese tiempo, tal y como contempla el Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBPB), actualmente ni siquiera pueden hacer frente a esa cuota reducida debido a la “escandalosa” subida del Euribor.
La escalada de tipos del Banco Central Europeo (BCE) ha hecho saltar las alarmas sobre el riesgo de morosidad de las familias. Desde julio de 2022, la institución que preside Christine Lagarde comenzó un ciclo de incrementos del precio del dinero que se ha convertido en el más agresivo de la historia de la eurozona, lo que comienza a pasar factura a las economías domésticas de Gipuzkoa.
Las familias afectadas, a las que han dado voz Mercedes Jiménez y Elena Pando, firmaron sus hipotecas para adquirir su vivienda habitual en plena burbuja inmobiliaria, cuando el metro cuadrado era de los más altos del Estado. La deuda que les queda por pagar al banco supera los 200.000 euros. En todos los casos se trata de cuotas abultadas.
“Si aplicamos el 4,25 actual a una deuda a partir de 200.000 euros, el resultado es una cuota de la carencia de más de 700 euros, imposible de pagar. Es una medida que se ha desnaturalizado; el Código de Buenas Prácticas Bancarias se ha vaciado de contenido”, ha criticado Rosa García, portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa.
La denuncia de esta situación se ha llevado a cabo durante una concentración en el Boulevard donostiarra que ha contado con la asistencia, entre otros, de junteros de Elkarrekin Podemos-IU así como de concejales y organizaciones sociales como el sindicato ESK, la asociación de jubilados y pensionistas Duintasuna y Cáritas.
"Me compré el piso cuando los precios estaban por las nubes"
Pando solicitó en 2007 un préstamo a Kutxabank por valor de 225.000 euros para adquirir un piso en Lasarte-Oria. Se trata de una vivienda interior, de 60 metros cuadrados. “Me lo compré cuando los precios estaban por las nubes, algo que, lamentablemente, sigue ocurriendo”, ha reconocido esta mujer de 61 años, en situación de desempl que actualmente está cobrando la RGI.
Ante la imposibilidad de hacer frente al préstamo hipotecario, el Código de Buenas Prácticas nació precisamente para impedir que familias vulnerables como la que representa esta mujer acumulen impagos, teniendo en cuenta la delicada situación en la que pueden quedarse, ya que con una deuda de más de doce cuotas se puede instar una demanda de ejecución hipotecaria como paso previo al desahucio, tal y como contempla el artículo 24 de la Ley de Créditos Inmobiliarios.
Es la situación en la que se encuentran Mercedes y José Ramón, un matrimonio que acumula doce cuotas impagadas de su vivienda, ubicada en la calle Autonomía de Donostia, después de que solicitaran un préstamo de 230.000 euros para adquirir en plena propiedad la casa familiar en la que sus antepasados han residido durante seis generaciones.
Deben doce cuotas al banco Santander. Mantienen un tenso compás de espera, ante la posibilidad de que la entidad bancaria les envíe el burofax notificando la demanda de ejecución para subastar su vivienda de toda la vida.
El Código de Buenas Prácticas Bancarias es un Real Decreto que se publicó por primera vez en el BOE en el año 2012. En noviembre de 2022, a causa de la subida de los tipos de interés en las hipotecas variables, se creó un nuevo código con medidas adicionales para aliviar la subida de los tipos. Medidas que actualmente se revelan "ineficaces", según denuncia Stop Desahucios.
“Estamos hablando de familias que no pueden acceder a la carencia de cinco años por la imparable y deshonesta subida del euríbor”, ha denunciado García, para quien el Código de Buenas Prácticas Bancarias ha quedado “obsoleto e inservible”.
Ante la "dramática" situación que afecta a cada vez más familias hipotecadas, tanto en el País Vasco como en el Estado, Stop Desahucios Euskadi solicitará mañana miércoles una comparecencia urgente ante la comisión de Vivienda del Parlamento Vasco para que los partidos políticos “utilicen los medios a su alcance para modificar el CBPB”. El objetivo, disminuir el impacto del euribor, “con una corrección que reduzca su valor, por ejemplo, en dos puntos”, según ha expuesto la portavoz de la plataforma.
Stop Desahucios también va a solicitar que se aplique en la CAV la declaración institucional propuesta por este colectivo y aprobada el pasado 16 de marzo por las Juntas Generales, en la que instan a las entidades financieras que operan en el territorio a flexibilizar los estrictos requisitos actuales para acceder al Código de Buenas Prácticas.
