La mujer tiene 41 años y cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad. Ha sido víctima de violencia de género, y su exmarido, del que se divorció, ha dejado de pagar su parte de la cuota hipotecaria de la vivienda de Errenteria donde reside la familia.
Se trata de uno de los expedientes abiertos actualmente por el servicio gratuito de asistencia jurídica en Gipuzkoa a personas en riesgo de perder su vivienda. Un caso que deja en evidencia las extraordinarias dificultades que atraviesan las familias en las que una sola mujer carga sobre sus espaldas el enorme peso de llevar adelante una casa, más si cabe tras una experiencia traumática como la que ha sufrido.
La mujer tiene unos ingresos de unos 1.400 euros, pero según refleja la letrada Yolanda de Pablo, que lleva el caso, “el padre no es muy regular pasando la pensión de alimentos”. El resultado de todo ello es que la familia acumula 30 cuotas hipotecarias de retraso y 6.000 euros de deuda con la comunidad de vecinos.
Según explica la abogada, finalmente se ha conseguido reestructurar el préstamo de tal manera que durante cinco años sólo pague intereses. “El problema que ha surgido en este momento es que el Euríbor ha aumentado bastante”, apunta la letrada, si bien la cuota que abona en este momento no supera la tercera parte de los ingresos de la familia.
Otro de los asuntos sobre la mesa del despacho del servicio de asistencia jurídica es el de una mujer divorciada y residente en Irun, con dos hijos. Tiene atribuido el uso del domicilio familiar por sentencia de divorcio hasta que sus dos vástagos sean independientes económicamente.
El exmarido, después del divorcio, solicitó un préstamo para un negocio y puso como garantía la que había sido la vivienda familiar. Pero con el tiempo no pudo pagar la cuota del préstamo y se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria.
La entidad financiera ya se ha adjudicado la vivienda. Según explica la letrada, la perjudicada solicitó hace dos años la intervención del servicio, y “se hizo valer entonces el derecho de uso de la casa que la solicitante tenía adjudicado por sentencia de divorcio como poseedor de buena fe”. Sin embargo, posteriormente, no se le reconoció ese derecho, aunque tampoco emprendieron ninguna acción judicial ni extrajudicial con la solicitante.
Hace escasas fechas la inmobiliaria de la entidad financiera se puso en contacto con la familia para comprobar la solicitud de vulnerabilidad. “Se ha abierto una vía de negociación, y se ha solicitado un alquiler social”, explica De Pablo. El problema que se han encontrado es que el préstamo se ha cedido a otra entidad, que trató de desahuciar a la familia.
La abogada se ha puesto en contacto con este fondo de inversión para indicarle que se había solicitado previamente un alquiler social, una medida que finalmente aceptó a mediados de abril, aunque requirió para ello una documentación que ya se le ha enviado sin que el fondo haya dado por el momento respuesta.
