Con la mirada puesta en alcanzar “la neutralidad climática” en 2050, el Gobierno Vasco ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que incluye la aplicación de incentivos fiscales a las empresas vascas que tomen medidas para reducir su huella de carbono. Tal y como ha indicado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, tras el Consejo de Gobierno celebrado en Gasteiz, el registro será voluntario y estará abierto a las administraciones y entes públicos.
La nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que debe ahora pasar por el Parlamento Vasco y cuya puesta en marcha está prevista para dentro de un año, antes de que acabe la legislatura, tiene como objetivo reducir los gases de efecto invernadero y alcanzar el nivel 0 de emisiones netas. Para ello, Tapia ha explicado que la nueva normativa estable un marco jurídico que permitirá “alinear” todas las políticas, planes y normas para alcanzar “la movilidad sostenible”.
De este modo, el proyecto cuenta con varias medidas que buscan “incentivar” la transición energética de los diferentes agentes de Euskadi. Entre ellos, destaca la creación de un registro voluntario para industria, empresas e instituciones a las que se les analizará su actual huella de carbono y se fijarán diferentes objetivos “de aquí a 2050” que se les examinará de forma quincenal.
Estas actuaciones de eficiencia energética serán obligatorias, pero, no obstante, su incumplimiento no acarreará sanciones. Al tratarse de una competencia de otras normativas, la Ley establece el uso de la fiscalidad como herramienta “para ayudar e incentivar la adaptación al cambio climático”. Por el momento, ha especificado Tapia, es pronto para detallar de cuánto serán los incentivos fiscales, ya que antes debe llevarse a normativa con las Diputaciones forales. Este registro también estará abierto a las administraciones públicas.
Planes locales de clima y energía
Otra de las medidas destacadas de la Ley es que todos los municipios vascos con más de 5.000 habitantes deberán diseñar un plan de clima y energía de obligado cumplimiento. Este plan deberá estar listo en un plazo máximo de dos años tras la aprobación de la norma.
A ello se suman varias actuaciones más como la promoción de nuevos vectores energéticos procedentes de fuentes renovables, la promoción de proyectos relacionados con el almacenamiento de energía y la aprobación de planes de movilidad sostenible.
Además, la ley también contempla la creación de una Oficina de Transición Energética y Cambio Climático, como órgano colegiado técnico adscrito al departamento competente en materia de energía y cambio climático del Gobierno Vasco, entre cuyos cometidos estará el seguimiento de los objetivos que persigue la ley y el control sobre el cumplimiento de la normativa.
Según Tapia, esta nueva normativa va en sintonía con el resto de países de Europa y aborda uno de los principales retos a futuro de Euskadi. “Los objetivos son claros: descarbonizar la industria, preparar el territorio a los cambios climáticos y actualizar los sectores”, ha indicado, al tiempo que ha afirmado que la Ley “no deja a nadie atrás de la transición energética”.
