Las ikastolas utilizarán “todos los recursos legales” a su alcance para hacer frente a los “desequilibrios” que han identificado en algunos de sus centros en los procesos de matriculación con la aplicación de las medidas para evitar la segregación del alumnado más vulnerable. “No aceptamos estos desequilibrios”, ha manifestado el director general de Ikastolen Elkartea, José Luis Sukia, quien ha recordado que el proceso para presentar recursos sigue vigente hasta el próximo 22 de mayo.

Las declaraciones de Sukia se ha dado la mañana de este martes en Donostia, en una rueda de prensa realizada por la confederación para valorar la presentación del Anteproyecto de la Ley de Educación, que dio a conocer el pasado 25 de abril. Un acto en el que también participaron el presidente de Ikastolen Elkartea, Koldo Tellitu, y la vicepresidenta de dicho ente, Nekane Artola.

“La reivindicación que hacemos es lógica”, ha insistido Sukia; “si va a haber movimiento, tiene que ser para que equilibrar la matriculación” entre alumnado “vulnerable y no vulnerable”. Así, ha abogado por “quemar etapas” en los procesos de reclamación en los lugares donde exista el desequilibrio y haya ikastolas que deriven más niños y niñas de las que reciben. “Esperamos que, cuando todos los plazos se acaben, las cosas estarán equilibradas”, ha señalado el director general de Ikastolen Elkartea.

Por otro lado, desde la confederación aprovecharon la ocasión para valorar el Anteproyecto de la Ley vasca de Educación, aprobada por el Gobierno Vasco el pasado 25 de abril. “Estamos ante una ley válida, pero también ante una ley que concede al gobierno la gobernanza mediante órdenes y decretos”, ha manifestado Tellitu, “lo que llamamos política unilateral”.

Entre los factores positivos, el presidente de Ikastolen Elkartea aplaudió que “por primera vez” que reflejada “la idea del Servicio Público Vasco de Educación”, en el que se incluyen centros escolares que “sean o no de titularidad administrativa” y que comparten “requisitos, principios, compromisos, obligaciones y objetivos a alcanzar”. Además, la financiación de todos los centros que formen parte de ese servicio público tendrán garantizada su financiación de acuerdo al anteproyecto, según Tellitu, lo que hace posible “el principio y objetivo de gratuidad” que desde la la confederación de Ikastolas afirmaron compartir.

En cuanto al euskera, Tellitu ha reconocido que “se han dado algunos avances” en este campo con la nueva normativa, que contempla medidas que impulsen el uso del idioma entre los y las estudiantes, promover que el profesorado, en todos los niveles y entornos educativos, adquiere un conocimiento acorde al nivel C1, y el compromiso de que el alumnado obtenga un nivel B2 al finalizar la ESO.

No obstante, y a pesar de que consideran que la ley va por buen camino, se les queda corta. Entre las carencias, Artola ha señalado “la falta de concreción” en “demasiado temas relevantes” que quedan por especificar; la misma falta de detalle que ven en la figura del Servicio Público Vasco de Educación, que ha lamentado que “no supera la dicotomía pública-privada”. Tampoco ven que prevea “la forma de llevar a cabo” la gratuidad que se recoge, y echan en falta el establecimiento de plazos concretos y grupos de trabajo para llevar a cabo el objetivo, algo que Artola incidió que sí contempla, por ejemplo, la LOMLOE. 

Otros puntos que consideran negativos y que Artola ha enumerado son la falta de “un nuevo modelo de gobernanza”, la falta de garantías para “un sistema educativo centrado en el euskera y la cultura vasca”, que no se haga referencia a Euskal Herria “en su conjunto”, no utilizar el currículo vasco como eje de la ley y que no se abra “el camino a la experimentación de modelos de titularidad compartida”.

Los modelos lingüísticos, un elemento hasta ahora existente en el sistema educativo vasco, también ha salido a colación en la comparecencia de este martes. Si bien este pasado lunes el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmó en el parlamento que la nueva Ley de Educación “no va a suponer la eliminación” de los mismos, Tellitu ha contradicho este precepto, al apuntar que existirá una “derogación tácita” con la nueva normativa. Es decir, la ley no lo explicita, pero quedaría implícito en el texto.