No hay cambio de planes. La inminente misión del 'Aita Mari' en aguas del Mediterráneo central sigue su curso. La notificación del expediente sancionador que recibió el jueves la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) no parece que vaya a entrometerse en la próxima tarea humanitaria. "Es una pura coincidencia en el tiempo que no afecta" al despacho solicitado para zarpar en los próximos días. El martes que viene el barco se somete a la última inspección.
Así lo ha confirmado a este periódico el presidente de SMH, Iñigo Mijangos, que no oculta la sorpresa inicial con la que recibieron ayer el documento remitido por la Capitanía Marítima de Valencia, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español.
A primera hora de esta mañana todo se había precipitado de tal manera que, todavía sin margen para hablar con Madrid, la ONG no sabía muy qué interpretación hacer del expediente sancionador recibido, que señala siete infracciones a las leyes del mar que podrían superar el millón de euros.
"La primera interpretación era inevitable. Justo cuando nos confirman que podemos hacer la revisión normal del despacho para zarpar en los próximos días nos llega el expediente. Finalmente parece que todo es una mala casualidad en el tiempo", ha confirmado el portavoz de la ONG tras establecer contacto con las autoridades españolas.
Hace casi tres años
“Estamos hablando de hechos ocurridos hace casi tres años, y todas las deficiencias que figuran en la instrucción están corregidas. Probablemente quede todo en algo anecdótico”, ha opinado, a la espera de lo que finalmente determine el funcionario instructor.
Los hechos que han motivado la apertura del expediente sancionador se remontan al 6 de mayo de 2020, cuando el Aita Mari recibió un duro “castigo” de 55.000 euros. Fue el coste económico del bloqueo al que fue sometido durante 49 días tras recibir autorización para desembarcar en el puerto siciliano de Palermo a las 44 personas que había rescatado.
El Gobierno italiano golpeó donde más duele a una organización humanitaria modesta, que sin opción al recurso tuvo que abonar la cantidad, y someter al barco a una nueva revisión. Pocos habrán superado tantas inspecciones como el que tiene su base en Pasaia.
El presidente de la ONG enmarca aquella decisión del Gobierno italiano “dentro de una campaña política” para detener los buques que realizan una labor humanitaria en el Mediterráneo central. “Es un proceso abierto en 2020 que ha derivado en esto, pero vamos a alegar en el plazo que nos han dado. Tenemos toda la documentación para justificar los siete puntos que nos han trasladado”, explica Mijangos.
En concreto, los incumplimientos de las leyes marítimas que se le imputan al ‘Aita Mari’ son las siguientes:
1. Falta de registro de las pruebas y ejercicios del aparato de gobierno en el diario de navegación del buque
2. Omisión de no tener registros de las horas de trabajo o descanso de la gente del mar en un buque
3. Omisión de no tener un plan de viaje.
4. No disponer a bordo de las cartas náuticas necesarias para el viaje proyectado o encontrarse estas desactualizadas.
5. Falta de un cuadro o tabla con la organización del trabajo a bordo del buque.
6. Falta de disponibilidad inmediata de dos balsas salvavidas, debido a que varios aros salvavidas estaban estibados en un soporte vertical fijo muy cerca de la posición de lanzamiento.
7. Falta de familiarización de la tripulación con las tareas asignadas para casos de emergencia a bordo del buque, concretamente durante la realización de los ejercicios de lucha contraincendios.
El Gobierno Vasco ha reiterado su apoyo al Aita Mari tras el expediente abierto, a la espera de que "se encuentre pronto" una solución para que el barco "pueda salir cuanto antes en misión humanitaria". Xabier Legarreta, director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, ha afirmado que, a día de hoy, desconocen "cuáles son los detalles y el procedimiento del expediente" abierto. No obstante, ha puntualizado que las instituciones están "para desbloquear conflictos y apoyar iniciativas humanitarias que salvan vidas", y el Gobierno Vasco lleva años apoyando el proyecto.
