Ana Orantes fue asesinada hace 25 años, el 17 de diciembre de 1997, por su exmarido, José Parejo. Pocas semanas antes, ella había relatado en Canal Sur los 40 años de maltrato que había vivido junto a su verdugo, de quien había logrado divorciarse, pero con quien se veía obligada a convivir por orden judicial.
Ese asesinato cambió la percepción del Estado sobre la violencia machista, en palabras de la entonces directora del Instituto de la Mujer y actual consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, quien recuerda aquella fecha como una "conmoción".
Hasta aquel momento, relata Dancausa, la violencia de género "no tenía relevancia en los medios". "Se hablaba poco, se sacaban excepcionalmente los casos e incluso se ponía en duda si la mujer no tendría algo de culpa", explica.
La hemeroteca del caso Orantes
La hemeroteca demuestra que esto último también le pasó a Ana Orantes. "Una fuerte discusión precedió a la última acción", contó aquel 17 de diciembre un diario de tirada nacional, que explicaba que la aparición de la víctima en televisión "provocó las iras de su ex marido".
"José P.A. ha declarado que los hechos sucedieron cuando se encontraba limpiando maquinaria agrícola y fue insultado por Ana Orantes. Acto seguido, en un arrebato, atacó a su mujer y le prendió fuego", relató dando voz a la versión del asesino.
Se "justificaba" la violencia machista
María Escudero, que en 1997 dirigía el centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, donde residía y fue asesinada Orantes, critica, que algunos medios "trataran de justificar" al asesino, a quien se le eximió del agravante de ensañamiento en la sentencia.
"En cantidad de medios se la culpabilizó a ella", lamenta Escudero, quien apunta que ésta no era la única práctica cuestionable que se utilizaba a la hora de hablar de la violencia de género. Relegar ésta al ámbito familiar y privado también era muy habitual, así como minimizar lo ocurrido o tratar los casos como si fueran un suceso más.
"Bajo el aguacero, el féretro de la víctima número 59 de la violencia doméstica en 1997 recibió un largo aplauso". Así se refirió otro reconocido medio escrito a Ana Orantes durante su funeral, aludiendo al carácter "doméstico" del crimen.
Una televisión estatal habló de "un hecho del todo reprobable". "Convierte a su ex en una antorcha tras 40 años de vejaciones", tituló otro diario, con la noticia en la sección de "sucesos".
Para el entonces vicepresidente del Gobierno, el popular Francisco Fernández-Cascos, el asesinato de Ana Orantes fue un "caso aislado obra de un excéntrico".
Superar la dimensión privada
Cuando Ana Orantes fue asesinada, relata Escudero, "todavía no se había logrado trasladar a los poderes públicos que estábamos ante un problema estructural de la sociedad que debía dejar de ser privado para ocupar el primer plano de la agenda pública". "Gracias a Ana la gente puso cara a lo que estaba pasando", asegura.
Tres meses después del asesinato, en marzo de 1998, el Gobierno aprobó su primer plan de acción contra la violencia doméstica, apunta Dancausa. "Hoy la violencia contra la mujer ha superado la dimensión privada y ha pasado a ser considerada como un atentado hacia la propia sociedad", recogió dicho texto en su introducción.
"Empezó un proceso de sensibilización durante el que se llevaron a cabo campañas de información en televisión y centros educativos, promoción de estudios y cursos de formación dirigida a los medios de comunicación", recuerda Dancausa, quien subraya que "desde el punto de vista legislativo se cambiaron hasta 11 leyes".
Avances legislativos
El siguiente paso fue la modificación del Código Penal de 1999, año en el que se tipificó la violencia psicológica como una forma de malos tratos en el ámbito doméstico. También se reformó la Ley de enjuiciamiento criminal para introducir la persecución de oficio de los malos tratos, es decir, sin necesidad de denuncia por parte de la víctima.
Asimismo, se incluyeron las órdenes de alejamiento en el artículo 48 del Código Penal, que estableció la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que los tribunales dictaminasen por cualquier medio.
En 2002, el PSOE registró una proposición de ley contra la violencia de género, pero no fue admitida a trámite por los votos en contra del Partido Popular, que gobernaba en aquel momento.
Un año después, en 2003, se aprobó la Ley reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, que permitió a los jueces adoptar medidas civiles y penales provisionales en un plazo máximo de 72 horas después de recibir una denuncia por violencia machista.
Las víctimas no se contabilizaron hasta 2003
Aquel año también se empezaron a contabilizar oficialmente la víctimas de la violencia de género, que a día de hoy suman 1.174.
La Ley integral contra la violencia de género llegaría finalmente en 2004 con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
La norma fue aprobada por unanimidad e introdujo un agravante por género en los delitos de lesiones, maltrato habitual y trato degradante. También mecanismos de protección para las víctimas como indemnizaciones, asistencia jurídica gratuita o recursos habitacionales, evitando así que las mujeres maltratadas tuvieran que vivir con su agresor, como le pasó a Ana Orantes.