El Juzgado número 1 de Durango investiga a tres técnicos de Medio Ambiente del Gobierno vasco por un posible delito de prevaricación imprudente en el caso del derrumbe del vertedero de Zaldibar, ocurrido el 6 de febrero de 2020. Además, cinco responsables de la ingeniería ambiental Geyser HPC han sido imputados por un delito contra el medio ambiente y falsificación de documentos. Eitb Media y Berria han desvelado las identidades de las tres personas que han sido citadas a declarar en calidad de investigados el próximo 28 de febrero de 2023.

Son el técnico del servicio de inspección Xabier Galdós Ezeolaza, el técnico del servicio de residuos no peligrosos Carlos Luengo Alonso y la técnica del servicio de inspección Idoia de la Vega Sarazibar. En concreto, se les cita como técnicos pertenecientes al servicio de Inspección de Viceconsejería de Medio Ambiente que “intervinieron” en el momento de la concesión a Verter de la Autorización Ambiental integrada del 24 de marzo de 2011, que “dotó de efectividad la AAI de 22 enero de 2007 y permitió el inicio de la explotación del vertedero”. Cabe recordar que la concesión de esta autorización se produjo durante el Gobierno de Patxi López.

Asimismo, a una de estas tres personas, se la cita, a su vez, al haber intervenido en las inspecciones programadas en 2017. El vertedero de Zaldibar, gestionado por la empresa Verter, colapsó el 6 de febrero de 2020 y el derrumbe sepultó a dos trabajadores Alberto Sololuze, cuyos restos mortales se localizaron en agosto de ese año, y a Joaquín Beltrán, cuyo cuerpo no se encontró tras unos trabajos que se prolongaron durante 15 meses y en los que se excavaron y rastrillaron 450.000 m3 de tierra.

Bruselas exonera al Gobierno

En paralelo a la vía judicial, la Comisión Europea (CE) ha avalado en dos ocasiones la actuación llevada a cabo por el Gobierno vasco en relación a la gestión del vertedero, concluyendo que no ha detectado “ninguna violación” de la legislación de la Unión Europea por parte de las autoridades. La información se basa, tanto en la auditoría externa realizada por Ricardo Environment, como en la información solicitada por la propia Comisión al Gobierno vasco.

Por otro lado, el procedimiento judicial por la muerte de los dos trabajadores se cerró en septiembre de 2021 con un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, los tres responsables de Verter Recycling, que asumieron su responsabilidad en esas muertes aceptando una pena de seis meses de prisión e indemnizaron a las familias de los fallecidos, y eludieron así entrar en la cárcel. Los tres acusados son el dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Elosegui.