Las Juntas apoyan que el dinero del peaje a camiones se destine también al transporte público

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado durante el Pleno de este jueves una propuesta de resolución formulada por el grupo Elkarrekin Gipuzkoa para que una parte del dinero que recauda Bidegi por el cobro de peajes a camiones se destine a fomentar el transporte sostenible, tal y como establece una de las disposiciones adicionales que se introdujo en marzo de 2019 en la norma foral de 1/2011. Y más en concreto, que se destine una cantidad de los ingresos por estos peajes a reducir el déficit de explotación del transporte público. Una cuestión delicada y que suscita dudas jurídicas.

El resultado de la votación, 31 votos a favor y 18 abstenciones, refleja dos cuestiones. Por un lado, el compromiso social y político que asumen todos los partidos representados en la cámara guipuzcoana con el impulso del transporte público. Ningún voto en contra y una amplia mayoría a favor. Y por segundo, las diferentes interpretaciones que llevan a unos (Elkarrekin Gipuzkoa) a decir que se lleva “11 años incumpliendo esta obligación legal”; y a otros a aducir que se está cumpliendo dentro del ámbito competencial de Bidegi y sus posibilidades, y que si no se han dado más pasos, se debe a la falta de garantía jurídica que supondría destinar recursos de los peajes de los camiones al transporte público. 

La moción la ha presentado la juntera de Elkarrekin Gipuzkoa Arantza González. Según esta representante, la respuesta de la Comisión Europea el pasado mes de abril a la Diputación resuelve las dudas sobre la seguridad jurídica de esta medida. Según González, por tanto, “ya no hay ninguna excusa” para ahondar en este incumplimiento.

La disposición adicional a esta norma foral de peajes la introdujo en marzo de 2011 el PSE, hoy en el Gobierno guipuzcoano y por ello la formación socialista ha votado a favor de esta propuesta de resolución. Según el grupo socialista, si no se han dado pasos en este sentido antes es porque no era el momento, debido a la inseguridad jurídica. 

El PNV, por su parte, ha recordado que la inseguridad jurídica no queda resuelta. Según el grupo nacionalista, la propia Comisión Europea, en su respuesta del pasado abril, recuerda que la decisión final y vinculante corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia Europea, y ha recordado el amplio historial de reveses judiciales en la cuestión de los peajes a camiones. 

Según el PNV, los más de 48 millones invertidos en parkings disuarios y otras medidas por Bidegi desde 2016 también contribuyen a ese objetivo de impulsar el transporte público. En su opinión, con esas inversiones, ya se está cumpliendo la citada disposición adicional. De su respuesta, se puede intuir que el Gobierno Foral, en concreto el departamento de Aintzane Oiarbide, da por bueno el proceder actual. Según Gálvez, lo adecuado es “ir dando más pasos en este sentido en la medida que se pueda”.

EH Bildu ha pedido concreciones al respecto. Y un plan para definir las acciones que se llevarán a cabo y los pasos a dar en este sentido. Por ejemplo, establecer un tanto por ciento de dinero a destinar, algo que no contempla la ya famosa disposición adicional. 

Por su parte, el PP considera que la norma foral de 2011 habría que cambiarla e “introducir el verbo podrá en vez de deberá” en este punto. Su portavoz, Juan Carlos Cano, considera que es excesivo cargar sobre los transportistas la construcción y mantenimiento de las infraestructuras viarias y además el déficit del transporte público. El PP defendió en el último Pleno de Política General que se revisen a la baja las tarifas de los peajes.