La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, ha asegurado este jueves en el Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa que el Ejecutivo foral “adecuará los costes del servicio de residencias”, incluyendo la subida salarial del 6,5% acordada para este año 2022 en el convenio firmado por las patronales Adegi, Lares y Garen y el sindicato UGT. Según Peña, los costes de personal suponen “casi el 80% del coste del servicio”.
La respuesta de Peña ha llegado a una interpelación directa de la procuradora de EH Bildu Estitxu Elduaien, quien ha pedido a la responsable del departamento de Política Social una valoración del acuerdo en minoría firmado por UGT, con el 7% de la representación.
Maite Peña se ha limitado a decir en un principio que la Diputación respeta el ámbito de decisión de las trabajadoras y sus empresas, a través de sus representantes. Según Peña, esta potestad de decisión es un "derecho básico" que la el Gobierno foral no quiere socavar, aunque ha lamentado que en este sector no se ha dado ningún acuerdo de aplicación efectiva en los últimos 17 años, lo que ha achacado, sin citar, a la postura del sindicato mayoritario, ELA.
Sin embargo, Peña ha asegurado que en los últimos años se han obtenido mejoras salariales y que tras el nuevo convenio firmado a finales de julio ve “una oportunidad después de una pandemia, en la que es verdad que (el convenio) se ha suscrito por una minoría sindical, pero que sí está sujeto a que todas las trabajadoras pidan su adhesión, independientemente a qué sindicato estén afiliadas”.
Peña cree que habrá que ver cuántas de ellas se adhieren finalmente al acuerdo y asegura que ello dará una visión del “respaldo real de este convenio”, más allá del 7% de representación social que ostenta UGT. En todo caso, ha dicho, “sí me parece que hay una mejora de las condiciones laborales o salariales”, algo que ha valorado, independientemente de si “podrá resultar insuficiente o no según desde el prisma que se mire”.
En todo caso, la diputada ha asegurado que el Gobierno foral está “centrado en el avance del modelo de residencias”, y en “garantizar la calidad en la atención” a medio y largo plazo, y ha añadido que “con todo el dinero que se está destinando al nuevo modelo de atención residencial" en Gipuzkoa, “se está produciendo un avance muy importante en este sector”.
La portavoz de EH Bildu le ha recordado que el acuerdo no se va a aplicar a trabajadoras de las empresas que no han firmado el acuerdo, por no estar representadas en las patronales firmantes, como son “Matia Fundazioa, Eulen y alguno más”, y ha recordado que, según la mayoría sindical, la mejora del convenio no se le podrá aplicar al 40% de las trabajadoras del sector en Gipuzkoa. Según EH Bildu, esto “aumentará las desigualdades entre unas trabajadoras y otras” en un sector absolutamente “feminizado” como el de las residencias, algo que ha cuestionado desde el punto de vista “ético".
"Si agrandamos el foco, vemos que solo ha habido un acuerdo de eficacia general en 2005"
La diputada ha evitado hacer "valoraciones éticas" en este caso y ha puesto el foco en el papel que ha jugado el sindicato ELA en los últimos años. “Si agrandamos el foco, y vemos la trayectoria del sector en los últimos años, hay un único convenio de eficacia general en 2005. A partir de ahí, únicamente se han firmado convenios de eficacia limitada”, ha recordado la diputada Peña en su respuesta. Y “ninguno ha sido firmado por el sindicato mayoritario, requisito sine qua non para que tenga vigencia general”, ha asegurado.
Un acuerdo en minoría agrandará las desigualdades entre unas trabajadoras y otras"
Sin citar al sindicato ELA y la huelga de 262 días que realizaron las trabajadoras, Peña afirma que “esto nos debe llevar a hacer un análisis en profundidad de cuáles son las causas de la situación actual". Peña ha reprochado a EH Bildu su gestión de residencias durante su mandato entre 2011 y 2015 en Gipuzkoa, periodo en el que ha acusado a la coalición soberanista de intervenir en las negociaciones entre sindicatos y patronal. En esos años, le ha dicho Peña a Elduaien, no se alcanzó ningún acuerdo, “ni siquiera de eficacia limitada; solo pactos de empresa”. Peña ha reprochado a EH Bildu de dinamitar el sector en esa época y "ahondar las desigualdades" entre trabajadoras. “De aquellos polvos, estos lodos”, ha precisado.
El convenio firmado contempla un incremento salarial del 6,5% para 2022, 4% para 2023 y 3% para 2024 (un 13,5% en total para tres años). En lo que va de año, el aumento interanual del IPC se sitúa en el 10,2%.
Negociación con los bomberos
En el mismo Pleno, la diputada de Gobernanza, Eider Mendoza, ha asegurado que la Diputación está en plenas negociaciones con el comité de empresa de los servicios de Bomberos para avanzar en el desarrollo del plan Babestu 20_30, que pretende mejorar la atención de emergencias a lo largo de esta década. Mendoza ha lamentado no poder ofrecer más información a las cámara, y ha emplazado a los grupos políticos a una próxima intervención en la que podrá dar más detalles sobre este proceso.
“Estamos en un momento crítico”, ha dicho Mendoza, en el que “todo está relacionado”, las negociaciones sobre los recursos, las instalaciones. “El comité nos ha pedido interlocución con todos los bomberos”, ha dicho, y “queremos respetar esas formas. La diputada ha dicho que nos “ha costado mucho generar ese espacio de confianza” para llevar a cabo estas negociaciones conjuntas con el comité del servicio y la dirección y que el momento actual requiere de discreción.
La juntera de EH Bildu Estitxu Elduaien ha sido quien ha interpelado a Mendoza para dar explicaciones en la cámara sobre el desarrollo del plan Babestu 20_30. Según Elduaien, varios bomberos se han dirigido a su formación política para solicitar información y mostrar su preocupación por el proceso de integración de los servicios de Bomberos de la Diputación y el del Ayuntamiento de Donostia. EH Bildu también ha pedido a Mendoza que aclare los rumores sobre la construcción de un nuevo parque de bomberos, el noveno de la red foral.
Mendoza ha pedido disculpas por no haber podido resolver las dudas de EH Bildu y no haber podido ser en este caso todo lo transparente que le hubiera gustado. Según la diputada, las partes se han emplazado a mantener una discreción absoluta hasta encaminar los acuerdos, aunque se ha mostrado convencida de que “lo resolveremos entre todos”. La diputada de Gobernanza y portavoz foral ha dicho también que este plan no ha sufrido cambios, sino que está en pleno desarrollo y que el objetivo es lograr de cara a 2030 tener unos mejores servicios de emergencias.
“Inviable” cubrir la variante
En otra de las intervenciones, interpelada por Elkarrekin Gipuzkoa, la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha reiterado a la juntera Arantza González que “técnicamente no es viable” cubrir la variante de Donostia (GI-20) a su paso por el barrio donostiarra de Herrera, donde los dos huecos que quedan entre los túneles afectan de manera importante a la calidad de vida del barrio.
También ha asegurado que la colocación de nuevos sistemas antirruido en esta zona no está contemplada como una acción prioritaria en estos momentos, ya que existen otros puntos con mayor necesidad en el territorio. Oiarbide ha defendido el plan de actuación que se está llevando a cabo año a año en función de las prioridades establecidas en el mapa de ruido de Gipuzkoa.
Oiarbide ha asegurado que la Diputación sí prevé actuar este invierno con podas en los árboles que están al borde de la carretera en esa zona. El objetivo es evitar caídas de árboles y ramas, y ha asegurado que la actuación para evitar los desprendimientos producidos en esa zona a lo largo de este año corresponde al Ayuntamiento de Donostia. Desprendimientos que, por otra parte, Oiarbide ha calificado de “pequeños”.
