Kote Cabezudo, condenado a más de 28 años por un delito de violación, otro de abusos sexuales, seis de pornografía infantil y dos de estafa a varias de sus modelos, volverá el próximo martes al banquillo de los acusados, esta vez por presuntamente desobedecer un mandato judicial de retirar imágenes de una menor de edad de su canal de Youtube.
El fotógrafo donostiarra permanece actualmente en prisión cumpliendo penas por varios asuntos de menor entidad desgajados de la causa principal, que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo tanto por su defensa como por la acusación particular (que ejercen sus víctimas), aunque no por la Fiscalía.
Precisamente, la vista que tendrá lugar el próximo martes en un Juzgado de lo Penal de Donostia corresponde a una de estas causas menores que cuelgan de la principal. Esta es la tercera oportunidad en la que se intentará celebrar este juicio, que hasta el momento ha sido suspendido en dos ocasiones: la primera de ellas en marzo de 2021, después de que la defensa solicitara la incorporación de un documento perteneciente a la causa principal, y la segunda en octubre de ese mismo año por la ausencia de un perito por vacaciones.
Cabezudo afrontará en esta vista una petición de un año de cárcel por parte de la Fiscalía, la misma solicitud de condena que hace la acusación particular. Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, durante la tramitación de la causa principal en su contra el Juzgado de Instrucción número 4 de Donostia dictó un auto en el que en 2017 ordenó al acusado que retirase de "toda página web, perfil público, o red social" vinculada con él "todo el material fotográfico o videográfico" relacionado con las perjudicadas".
El documento del Ministerio Público aclara que, pese a que el requerimiento le fue "notificado personalmente" al procesado, éste, "haciendo caso omiso" al pronunciamiento judicial, "aún siendo perfecto sabedor de su contenido", supuestamente "no procedió a retirar el material fotográfico y videográfico" en el que podía verse a la citada chica "cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad", de forma que todavía era posible acceder a él "en los meses de febrero y marzo de 2018".
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de desobediencia grave a la autoridad por el que pide un año de cárcel para cabezudo".
