El sector de la jardinería es uno de tantos nichos de mercado que abre sus puertas a mano de obra extranjera en Gipuzkoa. “Hay muchas personas en situación irregular a las que podemos ofrecer trabajo, pero te enfrentas a una burocracia tremenda”, señala un empresario guipuzcoano. “La gente de aquí no quiere trabajar en esto, es algo que sabemos desde hace años. Claro que hace falta mano de obra extranjera, pero no podemos esperar tantos meses a los papeles”, indica este profesional, que se hace eco de la situación que viven empresas del territorio que renuncian a la contratación de personas en situación irregular por este mismo motivo.
La resolución de solicitudes en la Oficina de Extranjería de Gipuzkoa registra demoras de “entre tres y cinco meses”, según denuncia SOS Racismo, que observa que la administración “incumple sistemáticamente” el plazo de 90 días que marca la ley. Los mayores retrasos se concentran en las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo, que sirven a los extranjeros para regularizarse después de dos o tres años viviendo en Gipuzkoa. La ley marca un plazo máximo de tres meses para resolverlas, aunque el compás de espera en todo el Estado supera de media los 110 días.
De hecho, los recursos y la eficiencia de las oficinas de extranjería son tema recurrente en los informes del Defensor del Pueblo, que desde hace una década señala la falta de medios humanos y materiales que dificultan “la gestión eficaz” de los procedimientos.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa señalan, no obstante, que estos trámites se suelen resolver, “por lo general”, en el plazo de los tres meses que contempla la ley. “Lo que sí puede pasar es que falte por presentar algún documento en una tramitación que no deja de ser compleja. De ahí que a pesar de que se haya respondido en plazo, al final se alarga el tiempo de espera”, señalan las mismas fuentes, que sí reconocen “cierto acumulo de casos” durante este pasado verano.
Régimen de autorizaciones para poder vivir
Detrás de cada retraso hay una persona sometida a un régimen de autorizaciones para poder vivir y trabajar. Es decir, depende de la eficiencia de las oficinas de extranjería para mantener sus papeles en regla. A este respecto, la lectura que hace SOS Racismo de la actual situación es bien distinta a la de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa.
"La carga de trabajo se fue acumulando, y lo que hicieron y siguen haciendo es bloquear la web de citas de tal manera que cuando quieres concertar un día te dicen que no hay citas disponibles”
El abogado Mikel Mazkiaran, secretario general de la federación estatal de SOS Racismo, sitúa en la pandemia el punto de inflexión del “actual colapso” que, a su entender, deja en los cajones expedientes pendientes de respuesta. Hasta entonces, señala el letrado, se acudía a la oficina de extranjería, se solicitaba el número y se aguardaba turno. “El funcionamiento era relativamente ágil” en ese trámite inicial con la administración en la que se hace entrega del documento, a la espera de que se resuelva.
Algo que cambió con la crisis sanitaria, y la consiguiente supresión de citas presenciales. Se habilitó una página web para solicitar el servicio. “La carga de trabajo se fue acumulando, y lo que hicieron y siguen haciendo es bloquear la web de citas de tal manera que cuando quieres concertar un día te dicen que no hay citas disponibles”, asegura Mazkiaran.
SOS Racismo entiende que actuar así supone “pan para hoy y hambre para mañana” en la medida en que se provoca “un efecto embudo” por el cual se acumulan los trámites, muchos de las cuales se pueden resolver a corto plazo, según indica la entidad social.
Subdelegación: "No existe un efecto embudo"
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno señalan que “no existe un efecto embudo”. Sí atribuyen “cierta acumulación” de expedientes “al período de adaptación de los funcionarios” a la reforma del reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, que entró en vigor el 16 de agosto.
“Venimos del verano y los funcionarios han estado en formación”, señalan desde la subdelegación, en alusión a esta modificación legal que precisamente busca simplificar los trámites para las personas que se hayan a las puertas de la regularización de su estatus administrativo, bien por los arraigos tradicionales o el incorporado arraigo para la formación.
Una situación que resulta paradójica, para SOS Racismo, ya que el tapón en la Oficina de Extranjería colisiona con el espíritu de la modificación del reglamento. Ya en su preámbulo viene a señalar que el sistema de contratación actual no es eficaz, para lo cual se quiere “agilizar” el procedimiento y buscar mecanismos que se adapten a las necesidades de las personas empleadoras. “Es el eje sobre el que gira la reforma, pero no hacemos nada acortando los plazos sobre el papel si luego en la práctica, en las oficinas de Extranjería, no pueden resolver con cierta agilidad esas solicitudes”, razona el letrado.
"No hacemos nada acortando los plazos con la reforma del reglamento si luego en la práctica, en las oficinas de Extranjería, no pueden resolver con cierta agilidad esas solicitudes"
Existe como alternativa la posibilidad de hacer este trámite telemáticamente, pero para operar con la administración es preciso disponer de un certificado digital, algo prácticamente inasumible para “un colectivo al que todos los informes y estudios señalan como el que más brecha digital acusa”.
Ante esta situación, hay solicitantes que “se buscan la vida” acudiendo a gestorías y despachos de abogados. Otros, se pasan varios días “pegados a la pantalla” a la espera de que puedan reservar definitivamente su cita, partir de la cual deberán aguardar un plazo de meses para resolver el trámite.
