El Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 de Euskadi contará con una inversión superior a 1.500 millones de euros y afectará a más de 3.000 profesionales con el objetivo de transformar y mejorar la gestión y la prestación de este servicio público en Euskadi.

Este nuevo plan, presentado por la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, ante el último Consejo de Gobierno vasco de este curso político, incorpora las reflexiones y las conclusiones del análisis llevado a cabo durante el último trimestre de 2019, los años 2020 y 2021 y los primeros meses de 2022 para diseñar de forma estratégica las actuaciones a llevar a cabo en este ámbito.

Artolazabal ha explicado en este sentido que su departamento se imagina en 2028 un servicio público conocido y reconocido "como amable, accesible, confiable, ágil, transparente y eficiente". Además, ha asegurado que los 1.500 millones que se prevén invertir en esta iniciativa suponen "la inversión en justicia más alta por ciudadano del Estado".

Objetivos principales

En el plan se recogen como objetivos principales la prestación de una especial protección a los colectivos más desfavorecidos, la garantía de los derechos lingüísticos, el desarrollo de los medios adecuados para la solución de controversias y la implantación de un modelo organizativo "apoyado en personas motivadas, en la mejora de la gestión y en una justicia digital plenamente operativa".

También contempla contar con edificios judiciales, instalaciones y recursos materiales "más seguros, accesibles, sostenibles, funcionales y confortables", implantar de manera total los expedientes judiciales electrónicos y el desarrollo progresivo de trámites digitales a través de la sede judicial electrónica y de la videoconferencia.

"Este plan no es ninguna utopía. Es un plan muy ambicioso, pero posible", concluye la consejera en un comunicado.