La representante de Stop Desahucios, Rosa García, junto a dos de los vecinos de las viviendas de VPO de alquiler de Jauregizar (Errenteria), han comparecido ante las Juntas Generales de Gipuzkoa, en la comisión de Políticas Sociales, con el objetivo de reclamar que su presidente, Xabier Ezeizabarrena, "intermedie" con la empresa propietaria de las viviendas para "que se logre la continuidad de los contratos protegidos".

García destacó la importancia de este apoyo en un momento en el que muchas familias, aunque Stop Desahucios no dispone del dato exacto, ya que algunas han aceptado la propuesta de Jauregizar para la compra del piso en el que residen, podrían comenzar a recibir, si así lo impulsa Jauregizar, "demandas de desahucios a través de los juzgados".

Tanto la representante de la plataforma como los dos vecinos que han acudido este jueves a las Juntas Generales constataron que muchas de las familias no pueden enfrentarse a la compra de la VPO ni acceder al mercado libre del alquiler por falta de recursos económicos.

De momento, explicó García, el Gobierno Vasco ha ofertado a la empresa una subvención de 15.000 euros para que el contrato se prolongue por diez años más. También el Ayuntamiento de Errenteria está llevando a cabo labores de intermediación, aunque en este caso García no aportó datos sobre si sumará cantidad económica alguna para complementar a la ofrecida por Gasteiz, que de momento Jauregizar no ha aceptado.

Los vecinos insistieron en la necesidad de recabar apoyos para lograr quedarse en sus hogares y no tener que buscar una más que inviable salida. "Me puedo quedar en la calle con cuatro hijos. Mi mujer tiene que tomar pastilla para dormir por la ansiedad y no puedo acceder al mercado libre. El piso que en otra época yo pagaba 650 euros ahora cuesta 800 y no puedo pagarlo", puso como ejemplo Alfonso Gabarri, que al igual que Eugenio Jiménez pusieron el foco en una dificultad añadida: "A los gitanos nos cuesta más que nos alquilen una vivienda".

Aunque Stop Desahucios venía reclamando, como otra opción, que el Gobierno Vasco se quedara con los pisos, esto obligaría a abrir las listas a los demandantes de vivienda en alquiler y los actuales usuarios "formarían parte de la misma con antigüedad cero", por lo que no sería esta la solución más adecuada.

Ahora queda por saber si a petición de distintos grupos, que recogieron el guante de Stop Desahucios, Xabier Ezeizabarrena media con la empresa para avanzar hacia una posible solución.