Los inquilinos de las VPO de Errenteria se plantan a tres días del ultimátum para desalojar

En este acto de protesta, que ha tenido lugar en la Alameda de la localidad guipuzcoana, los vecinos de esas viviendas han reiterado que no van a desalojar las viviendas porque no pueden acceder al alquiler privado por sus precios "prohibitivos" ni tampoco a un préstamo bancario para comprarlas.

Han explicado que Jauregizar les ha dado un plazo mediante un burofax, que concluye el 31 de mayo, para abandonar las viviendas o para comprarlas, y han criticado que lo haya hecho cuando siguen "abiertas" las negociaciones con el Gobierno Vasco para intentar que los vecinos que no tengan la posibilidad de adquirir esos pisos, puedan continuar diez años más con contratos de alquiler protegido.

En un comunicado, Stop Desahucios y Alokairu recuerdan que en estas conversaciones, en las que también participa el Ayuntamiento de Errenteria, plantean que durante esa década la empresa inmobiliaria reciba una subvención del Gobierno Vasco de 15.000 euros por piso.

"Con la movilización social y el apoyo institucional, nos vamos a oponer a las demandas por finalización de los contratos que Jauregizar pueda instar en los juzgados", han afirmado.

Han remarcado que la recepción de los burofaxes con acuse de recibo han creado "una situación de ansiedad en estas familias modestas", que "no tienen otra alternativa habitacional y pueden ser desahuciadas si Jauregizar interpone demandas por finalización de los contratos".

Además, han dicho que incluso para los inquilinos que han manifestado su intención de comprar -15 según el arrendador-, "es totalmente insuficiente el exiguo plazo del 31 de mayo para asegurar el pago del 20 % del precio de tasación del inmueble y las condiciones del préstamo, en una situación de subida del Euribor".

Han explicado que Jauregizar va a ingresar por la venta de 15 inmuebles, con un precio medio de 156.000 euros, unos 2 millones de euros, a lo que se suma lo obtenido por el alquiler de estas viviendas durante 15 años, que cifran en alrededor de 72.000 euros por vivienda, y a lo que añaden la subvención a fondo perdido del 10 % del importe de la construcción de las viviendas más los anexos, cuyo montante calculan en 655.620,36 euros -16.390 euros por vivienda-.

Las plataformas convocantes, junto a concejales de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE del Ayuntamiento de Errenteria, han dicho que empresas como Jauregizar "deben arrimar el hombro", "tener en cuenta su función social" y "ponderar sus beneficios", "máxime en esta situación de guerra económica, subida de la inflación e incremento de la precariedad".