Piden a Jaureguizar que “se apriete el cinturón” y acepte la propuesta del Gobierno Vasco

Las VPO de Errenteria exigen a la empresa que no actúe como “los fondos buitre”

12.05.2022 | 01:18
Afectados durante una protesta anterior de Stop Desahucios y Alokairu. Foto: Ruben Plaza

donostia – La plataforma Stop Desahucios y la asociación Alokairu pidieron ayer a la empresa Jaureguizar, propietaria de 40 viviendas con alquiler protegido en Errenteria, que "se apriete el cinturón" y acepte las ayudas del Gobierno Vasco por mantenerlas en esa situación en lugar de buscar más rentabilidad.

Ambas entidades opinaron ayer sobre "la batalla de comunicados" emitidos tras su concentración de protesta del pasado día 5 en Donostia, en alusión al difundido ese mismo día por el departamento de Vivienda del Ejecutivo vasco, y anteayer, 10 de mayo, por parte de la inmobiliaria Jaureguizar.

El Gobierno Vasco propuso subvencionar con 15.000 euros por vivienda el mantenimiento de los alquileres protegidos durante diez años, en virtud de la orden 6319 del 7 de diciembre de 2021, mientras que Jaureguizar anunció que no se acogería a esa posibilidad y ofrecía al Ejecutivo de Euskadi y al Ayuntamiento de la localidad que compren el edificio para mantener su uso de VPO.

Según denunciaron ayer las entidades antidesahucios, resulta "inaceptable" que la empresa propietaria argumente que "es poco rentable" acogerse a esas ayudas y continuar con los alquileres protegidos "alegando que no es una ONG y que les toca a las administraciones dar una salida habitacional a los vecinos".

A su juicio, el ofrecimiento de esos "15.000 euros de dinero público por cada vivienda para mantener su función social", cuando "ya fueron subvencionadas" en abril de 2007 "con el 10% a fondo perdido del coste de construcción", debería ser suficiente para que Jaureguizar no prosiga con las comunicaciones de desalojo a medida que vencen los contratos de arrendamiento.

Stop Desahucios y Alokairu consideran que, ante la actual crisis económica derivada de la pandemia y agravada con la guerra de Ucrania y la inflación, "es hora de que las empresas" constructoras e inmobiliarias de Euskadi, como Jaureguizar, "se aprieten el cinturón" y reduzcan unos beneficios que, en su opinión, han llevado a Gipuzkoa a tener "los precios más elevados" de vivienda del Estado. "Esperamos que el comportamiento de las empresas locales sea distinto al de los fondos buitre" implicados en otros conflictos de vivienda social en el territorio, concluyeron.

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