- Entre las líneas de trabajo del Gobierno Vasco no figura la petición de una obligatoriedad de estar vacunado entre el personal sociosanitario. Así lo indicó ayer el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, para quien no hay, por un lado, un instrumento jurídico que lo avale ni, por otro lado, "una necesidad apremiante" al ser la incidencia "mínima" en las residencias.
Quintas respondió así a la petición del sindicato ELA de que exista una regulación legal con la que avanzar en el proceso de vacunación del 100% de la población. "Primero, no tenemos un instrumento jurídico como para poder obligar y, segundo, la necesidad tampoco es tan apremiante. La gente que no quiere ser vacunada lo que sí tiene que hacer, y así se está haciendo, es cumplir unas medidas de prevención todavía más exhaustivas a la hora de atender a estas personas", aseguró el viceconsejero sin dar datos del número de trabajadores de residencias que están vacunados.
Sobre ellas, y a pesar de que este lunes un residente falleció en Zizurkil, Quintas indicó que la incidencia es "mínima" ya que únicamente "seis o siete" de las más de 300 residencias de Euskadi tienen "unos pocos afectados". "Los protocolos se siguen estrictamente y no esperamos un mayor riesgo las próximas semanas", afirmó, asegurando que "habrá más casos porque las vacunas no protegen al 100% ni toda la población está vacunada".
El Gobierno Vasco tampoco se plantea, por el momento, la inoculación de una tercera dosis entre los colectivos de mayor riesgo. Al menos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se posicionen con mayor claridad sobre el tema. "Hay algunas posturas al respecto por parte de laboratorios o de algunos países, pero que no se pueden dar como oficiales. Todavía hay reticencias respecto a la necesidad de tercera dosis y, sobre todo, a cuándo darlas", explicó, asegurando que la tercera dosis está en un "veremos".
Las palabras del viceconsejero chocan con las de ELA, que aseguró ayer a través de una nota que la obligatoriedad de la vacuna requiere de una regulación que los poderes públicos "no han querido modificar". "La responsabilidad recae en los gobiernos que han decidido convivir con el virus, en lugar de erradicarlo", señaló el sindicato, añadiendo que "la vacunación generalizada, y en especial la de los colectivos de riesgo o del personal en contacto con ellos, reducirá notablemente los riesgos de contraer la enfermedad, así como el contagio a otras personas".
Aunque ELA reconoció que la inmensa mayoría del personal sociosanitario está vacunado, tras siete meses de campaña Euskadi continúa "en la misma situación sin tener en cuenta las indicaciones de la comunidad científica".
A la petición de obligatoriedad se sumó también ayer la Patronal de residencias, que pidió al Gobierno estatal que determine por ley la obligación de vacunarse al personal de atención a personas vulnerables. Según el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), el 95% de los profesionales del sector en todo el Estado se ha vacunado.
"No tenemos un instrumento jurídico como para obligar ni hay una necesidad"
Viceconsejero de Salud
