- “Sin duda, en estos momentos, las prisiones españolas son una olla a presión por el problema del coronavirus”, alerta la abogada penalista y penitenciarista Cristina Morcillo Buj, especialista en la atención letrada a presos, quien no descarta que “a corto o medio plazo” pueda producirse un motín en alguna de ellas.
En una entrevista, Morcillo Buj, colegiada en Gipuzkoa aunque con clientes recluidos en distintos puntos de la geografía española, advierte tanto a Instituciones Penitenciarias como al Ministerio del Interior de que el asunto “no es una broma” porque “estamos hablando de 58.369 internos” en todo el Estado.
“Ha habido huelga de hambre en Brians 1, hogueras en algunos centros penitenciarios como Wad-Ras, y en Alhaurín de la Torre ya han anunciado que o se les escucha o va a haber motines”, recuerda esta letrada antes de apuntar que “los presos son un grupo social que, por sus condiciones de vida, es especialmente vulnerable al contagio y está considerado un colectivo de alto riesgo porque la propia prisión es un lugar que genera enfermedad”.
“La arquitectura de los centros, la mala ventilación, el hacinamiento y la sobrepoblación favorecen la transmisión de enfermedades infecciosas en el interior de las prisiones. Muchas familias y amigos de los presos están preocupadas y angustiadas”, describe.
Aclara que muchos de los internos, entre los que se encuentran varios de sus clientes, se hallan “gravemente enfermos” en los módulos de enfermería de distintas prisiones españolas, algunos de ellos mayores de 75 años, así como mujeres embarazadas, además de personas diabéticas, aquejadas de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y pacientes oncológicos en tratamiento, entre otras dolencias como patologías autoinmunes e insuficiencias cardíacas y renales.
“Se trata de internos que verían complicado gravemente su cuadro de salud en caso de contagiarse por el coronavirus”, insiste Morcillo Buj.
“Mientras el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska cierra las fronteras -agrega-, en las cárceles sigue sin haber geles, mascarillas y guantes suficientes para evitar que los funcionarios contagien a los presos y que éstos contagien a los funcionarios. Es necesario tomar medidas urgentes y que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familias”, insiste.
La abogada revela que “la situación de una persona con una enfermedad grave dentro de un centro penitenciario es un asunto desgarrador, porque no está correctamente evaluada ni tratada”.
“Muchas familias y amigos de los presos están preocupadas y angustiadas”
Abogada penalista