La Haya ? Las prostitutas del Barrio Rojo de Ámsterdam celebraron ayer el Día Internacional de la Trabajadora Sexual con una manifestación y denuncian los artículos del nuevo código Penal referente al proxenetismo “que las pone en peligro”, dijo el portavoz del sindicato Proud, Lynton Kwame.
La reciente reforma del Código Penal holandés, que aún debe pasar por el Senado, incluye penas de hasta cuatro años de prisión por proxenetismo, e incorpora en esta categoría a chóferes de coches o guardias de seguridad que colaboren con prostitutas no registradas.
“Ellos dicen que se centran en los proxenetas, pero en realidad castigan a cualquiera que tenga un beneficio” del dinero obtenido por estas profesionales, aseguró Kwame. Según Proud, “el contable de una trabajadora sexual o incluso su compañero de piso también podrían ser multados o procesados”.
Holanda levantó la prohibición de los burdeles en el año 2000 y tolera el trabajo sexual, pero deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de exigir un permiso para trabajar en el sector.
“El registro cuesta hasta 1.500 euros en algunos sitios, y pagarlo no asegura obtenerlo. Puede ser rechazado por cosas pequeñas, como haber recibido una multa o simplemente porque esa ciudad no quiere tener a ninguna trabajadora sexual allí”, indicó el portavoz de Proud.
Esta circunstancia explicaría que la mayoría de profesionales del sexo “no estén registradas”, aseguró Kwame, provocando su miedo a denunciar en la Policía situaciones de abuso por parte de clientes.
El centro neurálgico de la prostitución en Holanda es el Barrio Rojo de Ámsterdam. Un plan del Ayuntamiento, basado en reglas más estrictas contra los burdeles, ha provocado el cierre de casi un tercio de ellos en los últimos diez años. Desde Proud lamentan esta política porque “en el Barrio Rojo hay una comunidad muy social donde las trabajadoras se cuidan entre ellas. Es mucho más seguro ejercer allí que en un aparcamiento o en un descampado”.
La otra reivindicación de la manifestación que recorrió ayerla capital holandesa es la abolición de las leyes Fosta-Sesta firmadas en abril por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que servirían para luchar contra el tráfico sexual de personas, según sus defensores.
Este conjunto de medias legislativas ha puesto en pie de guerra a la industria del sexo, pues contempla sanciones contra los proveedores de Internet que permitan en sus páginas anuncios de prostitución, lo que ya ha provocado la autocensura de muchos de ellos.
La medida afecta a las trabajadoras sexuales europeas, pues la mayoría de los servidores donde ofrecen sus servicios son estadounidenses. “Están siendo expulsadas de Internet cuando es mucho más seguro trabajar online, haciendo webcamming ?sexo virtual? u ofreciéndose como escorts”, dijo Kwame.l
