donostia - Los aledaños de la N-I y, en concreto, los municipios de Tolosa, Andoain, Beasain, Lasarte-Oria y Ordizia, con más de 11.700 personas expuestas, son los más afectados por la contaminación acústica que generan las carreteras guipuzcoanas. Sin embargo, Zarautz, Elgoibar o Irun, a orillas de la AP-8, o Donostia y Errenteria, en la GI-20, también muestran zonas expuestas a un nivel de ruido mayor que lo considerado saludable por los estándares europeos.

Así se desprende del último mapa del ruido elaborado por el Departamento de Infraestructuras Viarias y que ha estudiado la generación de sonido que se produce en las carreteras de más de tres millones de vehículos al año, o lo que es lo mismo, aquellas que tienen una afluencia de más de 8.000 vehículos al día.

Esto supone que se han analizado 338 kilómetros de un total de 25 carreteras, entre las que se encuentran las de mayor volumen de tráfico como las arriba mencionadas y otras como la AP-1 (Eibar-Vitoria), la A-15 (autovía de Navarra), la N-121-A (Irun-Pamplona), la N-634 (carretera de la costa) o la GI-632 (Beasain-Bergara), entre otros.

La Diputación de Gipuzkoa ha llevado a cabo este trabajo cumpliendo con la directiva europea que obliga a estudiar las vías con estos volúmenes de tráfico una vez cada cinco años. El estudio se encuentra ahora en fase de exposición pública (que servirá para que los Ayuntamientos afectados, un total de 62, hagan sus respectivas alegaciones), y se espera que el documento definitivo quede aprobado para comienzos de otoño. “A partir de ese momento, se analizan las prioridades de cara a las futuras actuaciones”, señalan fuentes de este departamento.

Quizás porque el trabajo es bastante continuado o quizás porque la orografía guipuzcoana está ya lo suficientemente congestionada, lo cierto es que desde el Departamento de Infraestructuras Viarias reconocen que las conclusiones que se extraen de este tipo de estudios provocan “pocas sorpresas”.

Atendiendo a los resultados de población expuesta, la N-I cuenta con un total de 11.700 personas afectadas por niveles de ruido que incumplen los parámetros europeos, especialmente en el periodo nocturno, el más desfavorable. Así, Tolosa, con 3.480, Andoain, con 1.950 y Beasain, Lasarte-Oria y Ordizia, todos ellos con más de 1.000 afectados, son los municipios que más sufren esta contaminación acústica.

Además, los altos niveles de ruido de la N-I dejan a descubierto 43 edificaciones sensibles expuestas, 40 de ellas de tipo educativo y tres de tipo sanitario.

La segunda carretera con más afectados por ruido es la AP-8 (Donostia-Bilbao), con un total de 5.480 personas sometidas a niveles que implican incumplimiento. Los municipios que contribuyen en mayor medida a este resultado son Zarautz, Elgoibar e Irun, con más de 1.000 personas expuestas.

Asimismo, se ven afectadas seis edificaciones sanitarias y 61 centros educativos.

El ruido de la variante de Donostialdea (GI-20) afecta a 2.500 personas, especialmente en Donostia y Errenteria. En la capital guipuzcoana hay 900 personas que residen en edificaciones expuestas, mientras que en Errenteria son 1.600 las personas afectadas. Además, en el municipio de Oarsoaldea, hay un total de 14 edificaciones educativas que incumplen los objetivos de calidad sonora en el periodo nocturno.

Finalmente, en lo que respecta a la GI-636 (carretera de Gaintxurizketa) son 1.340 las personas expuestas a la contaminación acústica, con Irun a la cabeza (870 afectados). También hay identificados ocho centros educativos y tres sanitarios que incumplen los objetivos de calidad.

solución compleja del problema Y con estos datos sobre la mesa, al Departamento de Infraestructuras Viarias le corresponde ahora decidir las prioridades de actuación, siempre sabiendo que “solucionar el problema es muy difícil”. Por no decir imposible. Porque los paneles antirruido que a todos se nos vienen a la cabeza no dejan de ser una opción “tremendamente cara y muy poco eficaz”. “Este año hemos puesto pantallas en Ordizia y Beasain, pero es una solución que quita el ruido a los pisos bajos; a los demás no -indican estas fuentes-. Para eso se necesitarían unas pantallas de muchísimos metros de altura, que requerirían de unos anclajes enormes para los que no tenemos espacio”. Y tampoco presupuesto. Ya que cada metro de estas pantallas cuesta alrededor de 1.500 euros. “Colocar una pantalla es muy complicado, si se coloca encima de un puente hay que reforzar la estructura, igual hay que expropiar terrenos”, insisten.

Así las cosas, otras de las soluciones que se contemplan son las limitaciones de la velocidad en determinados núcleos cercanos a edificios residenciales, o mejoras en el asfaltado, todo ello sabiendo que la incidencia de estas iniciativas es “limitada”. En cualquier caso, desde Infraestructuras Viarias insisten en que las actuaciones prioritarias se llevarían a cabo en zonas con edificios sensibles, es decir, centros escolares o sanitarios y, posteriormente, en áreas residenciales.