Donostia - Los beneficiarios de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) en Gipuzkoa, que en 2015 ascendieron a 3.843 personas, cobran, de media, 706 euros mensuales, según los datos del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación, que está llevando a cabo un profundo análisis de esta prestación destinada a aquellas personas que quedan fuera de la cobertura de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no cumplir el requisito de tres años de empadronamiento. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, el año pasado un total de 3.843 personas que conformaban 2.196 unidades familiares cobraron la AGI. Para este año, el departamento ha presupuestado once millones de euros que se reparten en cuantías de entre 605 y 908 euros, dependiendo el importe final del número de integrantes que componen la unidad familiar.
La AGI entró en vigor el 1 de julio de 2012, de la mano del Ejecutivo de Martin Garitano, para llegar a todas aquellas personas que no podían acceder a la RGI tras la decisión del Gobierno Vasco, entonces en manos del socialista Patxi López, de endurecer el requisito del empadronamiento de uno a tres años. El Departamento de Política Social que dirigía Ander Rodríguez destinó 947.000 euros a esta ayuda que, en los seis primeros meses de vigencia, cobraron 337 beneficiarios.
Desde entonces, el número de solicitantes no ha parado de aumentar, mientras que la RGI en Gipuzkoa cerró 2015 con unos mil solicitantes menos que el año anterior.
En 2013 fueron 1.360 personas las que recibieron la AGI. En 2014 hubo 2.227 beneficiarios, un 64% más que en el ejercicio anterior y un 27% más de solicitantes de lo previsto para ese año por el Gobierno de Bildu cuando se puso en marcha esta prestación. Y, por lo tanto, un 36% más de cuantía a abonar que lo proyectado. Así hasta llegar al año pasado, con 3.843 beneficiarios, lo que supone que casi se han triplicado en tres años respecto a 2013, el primer año del que se disponen datos de los doce meses.
en evaluación En este contexto, la Diputación ha decidido realizar una evaluación de esta prestación a fin de “comprobar su eficacia” y conocer si “cumple con los objetivos para los cuales fue creada”, según expone a este periódico el director general de Planificación, Inversiones y Prestaciones Económicas del Ejecutivo foral, Carlos Alfonso.
La encuesta que están llevando a cabo no es un método nuevo. Ya en 2013 el departamento de Rodríguez realizó una “evaluación similar” para analizar las ayudas y se decidió ampliar de seis meses a un año el periodo de carencia para poder solicitarla.
“Es necesario hacer evaluaciones porque, para empezar, se trata de una ayuda que no está dentro del decreto de cartera ni es una competencia de la Diputación”, sostiene Alfonso, quien reconoce que “en este sentido, Gipuzkoa es una isla en toda Europa”.
“Fue una decisión que se adoptó de manera transitoria y sirve para echar una mano -en un contexto de profunda crisis económica- a todas esas personas que no disponen de los tres años de empadronamiento que requiere la RGI”, añadió.
En definitiva, ahora el Ejecutivo de Markel Olano quiere analizar “si es un servicio que se puede mantener o si hay que modificarlo”. Mientras tanto, esta ayuda, incide ante ciertas críticas de la oposición, no ha sufrido ningún recorte para 2016.
No están de acuerdo desde EH Bildu, que ha acusado a los jeltzales de querer “quitarse de encima” esta ayuda. Además, el cuestionario remitido desde el departamento a los técnicos de los servicios sociales de los ayuntamientos también ha despertado voces disonantes. Desde la coalición soberanista no han dudado en calificar las preguntas de “xenófobas y marotistas”, y el Colegio profesional de trabajadores sociales de Gipuzkoa también ha remitido una carta a Maite Peña lamentando que las preguntas estaban “redactadas de forma absolutamente dirigida y de una forma que puede resultar claramente ofensiva para las personas extranjeras que residen en nuestro territorio”.
La propia diputada acudió a mediados del pasado mes a las Juntas Generales para exponer la postura que adoptó su departamento. En su comparecencia, reconoció que “tal vez hemos fallado en la forma”, así como que algunas de las cuestiones “no son políticamente correctas”. Sin embargo, Alfonso recordó que “en 2013 la Diputación hizo una evaluación similar con un cuestionario preparado por los mismos técnicos” que lo han llevado a cabo ahora.
perfil de solicitantes Más allá de las polémicas, lo que es un hecho es que el perfil de los beneficiarios es heterogéneo. Según los datos de noviembre, último mes del que la Diputación dispone de cifras, pero que repite la tónica general del resto del año, la nacionalidad con mayor número de solicitantes es la marroquí (23,81% del total), seguida por la argelina (12,38%), senegalesa y nicaragüense (7,26%).
En el departamento, además, han constatado situaciones “paradójicas”, según expone el director general de Planificación, Inversiones y Prestaciones Económicas.
Por ejemplo, las personas procedentes de Pakistán suponen el 6,67% de los beneficiarios, y los nepalíes el 2,87%, “cuando su representación en el volumen de inmigrantes que llegan a Gipuzkoa es muy pequeña”. Y solo el 3,81% tienen nacionalidad española. Asimismo, 745 personas carecen de permiso de residencia.
Respecto al padrón, seis de cada diez solicitantes (el 61,64% de acuerdo con el pasado mes de noviembre) llevan entre 13 y 18 meses empadronados en Gipuzkoa, mientras que el 11% apenas cumple el año en el padrón.
ayudas repartidas Por comarcas, el mayor número de solicitudes se tramitó en Donostialdea, donde de las 468 peticiones 241 se registraron en la capital. Debabarrena, con 213 solicitudes; Debagoiena, con 196 y Urola Kosta, con 175 fueron quienes más solicitantes recibieron.
Por contra, Bidasoa, con 97 peticiones, fue la que menos registró. También aquí hay datos que han llamado la atención del Departamento de Políticas Sociales, donde se sorprenden de que las solicitudes no se corresponden con “las poblaciones donde mayor tasa de población o de pobreza existe”.
“Se dan casos como Soraluze u Ordizia, con más de ocho puntos porcentuales cada uno, mientras que un municipio como Pasaia, con una población mayor, no llega al 2,4%”, concluye Alfonso.
