donostia - Serán los Servicios Jurídicos de la Diputación, y no abogados externos, quienes defenderán los intereses forales en los sumarios del denominado caso Bidegi. Así lo anunció ayer el Gobierno foral mediante una nota, en la que confirmó que la Diputación seguirá personada “en las diligencias previas contra tres técnicos con la firme voluntad política de que el proceso cuente con todas las garantías jurídicas necesarias” y en la que también anunció que hoy concluirá la “relación contractual” con los letrados Luix Barinagarrementeria y Unai Iturriotz.

Como consecuencia de esta decisión, que se formalizará en el Consejo de Gobierno de hoy, el Gobierno foral retirará a ambos abogados los poderes ante los tribunales que les concedió el anterior Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad, dirigido por Larraitz Ugarte (Bildu).

El actual Gobierno foral, conformado por el PNV y el PSE, considera que la defensa de la propia Diputación, a la que el anterior ejecutivo situó en este proceso como acusación, “se debe llevar desde los Servicios Jurídicos con el objetivo de llevar a cabo el proceso legal con todas las garantías y velar por la neutralidad política”.

El Ejecutivo rompe así la relación mantenida hasta ahora con los letrados Unai Iturriotz y Luix Barinagarrementeria, que hace dos meses fue aspirante de EH Bildu a Ararteko. El Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad ya había encargado antes al despacho de Barinagarrementeria preparar la primera denuncia del caso Bidegi, vinculada con el depósito de tierras de Basagoiti 2, lo que supuso un coste de 9.000 euros según se dio a conocer en la comisión de investigación de las Juntas.

En ella, la propia Ugarte explicó que la primera investigación interna en torno a Bidegi la llevaron a cabo entre ella misma y su director de Carreteras, Joseba Altube, para evitar que “la noticia se expandiera” y pudiera perjudicar “el prestigio de algunas personas”.

Ahora, el Gobierno liquida esta relación y designa a los Servicios Jurídicos de la casa como responsables de representar a la Diputación en las diligencias previas que se practican en el Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia, tanto en lo referente a la liquidación del depósito de tierras de Basagoiti 2, como a la liquidación del túnel de Arlaban, entre Gipuzkoa y Araba.

Diversas fuentes informativas atribuyeron a los Servicios Jurídicos también la defensa de los imputados que en 2011 estaban en nómina de la sociedad pública, extremo que la Diputación negó. Según aseguraron a este diario fuentes forales, dos de las imputadas vinculadas a la sociedad pública (la técnica de inversiones Mirari Azurmendi, y la administradora de Bidegi, Silvia Armenteros), acudieron a la correduría de la sociedad pública en busca de asesoría.

Esta, según las mismas fuentes citaron a una de las procesadas, les remitió al actual jefe de Servicio B de Defensa y Asesoramiento Jurídico de la Diputación, Antton Ibargutxi, que además de dar las referencias de abogados penalistas que podrían llevar el caso, les realizó “un primer trámite” mientras contrataran al letrado que ayer mismo participó en la primera de las pruebas periciales, José Ignacio Larrañaga.

Las causas, que se instruyen en el Juzgado número 2 de Azpeitia y en las que Markel Olano y Eneko Goia deberán comparecer en calidad de testigos, investigan tanto la liquidación efectuada por el depósito de Basagoiti 2 como un presunto doble pago de las obras del túnel de Arlaban. Entre los imputados se encuentran el exdirector técnico de Bidegi Agustín Zugasti, Juan Bautista March (representante de la ingeniería Eptisa-Cinsa) e Iván Fernández (de la UTE Lautena), en lo referente a Basagoiti 2; y el gerente de la UTE Arlaban, José Manuel Vacas; y el responsable de la Ingeniería Euroestudios, responsable de la dirección técnica de las obras, Juan Francisco García, en el segundo trabajo.