Donostia. La asociación de ikastolas anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que les obliga a pagar el sueldo íntegro acordado por convenio con los profesores pese a que el Gobierno Vasco recortó la asignación concertada para cubrir estos costes salariales.
La asociación Ikastolen Elkartea, que agrupa a 103 ikastolas, de las que 61 pertenecen a la Comunidad Autónoma Vasca, afirmó en un comunicado que "no van a ser las familias la que acaben pagando este recorte".
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sostiene que los centros concertados deben respetar las cantidades acordadas con los profesores en los convenios y no aplicar los recortes impuestos por el Gobierno Vasco, que redujo las cantidades entregadas a los centros educativos.
Las ikastolas, al igual que hicieron otros colegios de la red concertada, repercutieron en los sueldos de su trabajadores la rebaja de la asignación pública, lo que fue recurrido por los sindicatos, a los que el TSJPV ha dado la razón.
Las ikastolas hicieron un llamamiento a la "calma" a las familias, trabajadores y sindicatos, a los que conminaron a continuar "con el diálogo" hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.
Los centros de enseñanza en euskera opinan que es el Departamento de Educación del Gobierno Vasco el que, "desde una decisión unilateral", se halla "en el origen de este conflicto que ha acabado implicando a todos". "No sólo no puede mirar hacia otra parte, sino que ha de ser identificado como el máximo responsable de esta situación y por lo tanto debería ser también parte proporcional de la solución del conflicto que ha generado", afirmaron.
Ikastolen Elkartea valoró el voto particular emitido por uno de los magistrados, según el cual el Gobierno Vasco ha de ser también solidariamente condenado en este caso.
LA MÁQUINA Por otro lado, la consejera de Educación, Isabel Celaá, emplazó ayer a los centros concertados a "acomodarse" a la situación creada por la reducción de las subvenciones públicas. El Departamento de Educación redujo el concierto a estos centros de manera proporcional a la bajada de los sueldos del personal de los colegios públicos.
El parlamentario de EA, Juanjo Aguirrezabala, llevó este tema al pleno de control de la Cámara Vasca, en el que reclamó a Celaá que se "invaliden" las reducciones de los conciertos educativos. "El Gobierno debe reconocer que actuó indebidamente y asumir lo que se les debe a los trabajadores", defendió.
La consejera respondió que el Ejecutivo de Vitoria ha actuado correctamente y que el TSJPV ha avalado su decisión, por lo que se dirigió a Agirrezabala para decirle que solamente él "considera que el Gobierno debe pagar un error que no ha cometido, cuando lo que tiene que hacer es cumplir la Ley".
"¿De dónde saco el dinero (para completar los sueldos en la red concertada)? ¿Usted cree que tenemos una máquina, cuando las Haciendas recaudan un 20% menos?", preguntó a Agirrezabala.
Por ello, consideró que la solución pasa por que los centros concertados se "acomoden" a la nueva situación, tras negarse a crear una situación de agravio comparativo entre los profesores de las dos redes.
Según los datos que aportó, la media de reducción salarial para la red concertada en el 2010 ha sido de un 1,95%. En total, se ha reducido el concierto en 6,1 millones en el 2010 y en el 2011 la cifra alcanza 10,6 millones menos.
