Desde los tiempo de la campaña electoral que lo convirtió en lehendakari, Imanol Pradales, sociólogo de profesión, ha otorgado un lugar preeminente a la seguridad en su lista de preocupaciones, por la alarma social que pueden causar delitos como los robos con violencia. Además de poner en marcha el Basque Segurtasun Foroa para identificar las necesidades que existen, Pradales quiere movilizar todas las herramientas posibles para la comunidad autónoma y, como algunas son competencia del Estado, ha incorporado la seguridad a su agenda bilateral de diálogo con el presidente Sánchez. De ahí que el martes, en su reunión en La Moncloa, le insistiera personalmente en activar más recursos para que los juicios sean más rápidos, y dotar de mayores capacidades a la Ertzaintza. En concreto, pidió facilitar la cooperación de la Ertzaintza en los procedimientos de expulsión. Esta fue la gran novedad en su discurso.
Y, este miércoles, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, aportó un caso concreto. Recordó que la Ertzaintza se encarga de toda la seguridad pública en la comunidad autónoma como policía integral que es, pero a veces se producen detenciones por su parte o por las policías municipales y se necesita confirmar la identidad de la persona arrestada. Eso exige acceder a “bases de datos a las que la Ertzaintza no puede acceder”. “Despejar esos procedimientos sería importante para aumentar la eficacia”, dijo en Radio Euskadi. ¿Qué base de datos es esa? Las fuentes consultadas por Grupo Noticias aseguran que “es una base de datos de la Policía Nacional sobre situaciones de extranjería a la que hoy en día no puede acceder la Ertzaintza”. No concretan si es la base de visados y permisos de residencia para conocer si pesa alguna orden de expulsión no ejecutada sobre esa persona, o si se pretende un cruce de datos para añadir más delitos a su lista de multirreincidencia. El martes, Pradales tampoco quiso desvelar cuál es la propuesta de su Gobierno, a la espera de que se pueda alcanzar algún acuerdo en la Junta de Seguridad con el Ejecutivo español. Le habían preguntado si quiere las mismas competencias que acordó Junts para Catalunya y que suponen, entre otras cuestiones, que los Mossos puedan gestionar las devoluciones en casos muy obvios e indubitados (personas que hayan entrado en el Estado por procedimientos ilegales o que tengan una orden de expulsión).
Zupiria aseguró que “la expulsión de personas delincuentes que no tienen nacionalidad española, o no tienen una residencia pautada o arraigo, está contemplada en el Código Penal penal y el reglamento de Extranjería”, pero “la Ertzaintza de momento no puede participar porque no se le ha reconocido competencia”. “Consideramos que debe participar en la medida en que sea posible sin romper ningún marco constitucional. La Policía desplegada en el territorio podría aportar la información de la que dispone y facilitar algunos procesos”, argumentó. Una identificación ágil de las personas también sería necesaria para celebrar juicios rápidos.
"Duros" con la delincuencia y "humanos" para facilitar el arraigo
Aunque la propuesta ha saltado ahora al primer plano de la actualidad, Zupiria reveló que, en realidad, esta discusión se ha abordado en privado con el Gobierno español desde los tiempos de Josu Erkoreka, que fue el consejero de Seguridad en la última legislatura de Iñigo Urkullu. Y recalcó que Pradales no mezcló la migración con la seguridad. Zupiria insistió en que son dos planos distintos: la ciudadanía vasca pide ser “duros” con la delincuencia, pero también ser “humanos” y atender a las personas que vienen a vivir a Euskadi a través del arraigo por la vía laboral o la educación. Y aclaró que entre los delincuentes hay también muchos vascos, españoles y europeos, y solo una parte de los infractores son “profesionales” del delito. Lo que se plantea es una actuación “quirúrgica” sobre los delincuentes profesionales y sin arraigo.
Zupiria comenzó su explicación recordando que Pradales incluyó la seguridad en un paquete de temas más amplio en su cita con Sánchez: habló igualmente sobre la migración, la salud, el autogobierno económico... Los puso sobre la mesa porque son asuntos que interesan a la ciudadanía vasca, y también por el convencimiento político de un Gobierno que quiere que Euskadi sea “cada vez más país” y tenga “mayores recursos de autogobierno”.
Cuando le preguntaron qué necesidades existen en materia de seguridad, constató que en 2024 se produjo un incremento “considerable del número de hurtos y de robos con violencia e intimidación”, aunque en 2025 se logró “estabilizar” la cifra gracias a “la colaboración entre Ertzaintza y policías municipales”. Pero Zupiria aclaró que quedan otros ámbitos de mejora para ganar eficacia, como crear nuevos juzgados para acelerar los juicios, modificar las leyes para endurecer la actuación ante el porte de armas blancas, o “estrechar” la colaboración con la Policía española para una actuación más fluida cuando la Ertzaintza detenga a una persona y sea de origen extranjero y sin arraigo. Zupiria avisó de que este debate exige ser prudentes y “no estigmatizar” a los migrantes. No hay que estigmatizar, “pero sí identificar dónde estamos teniendo el problema para actuar quirúrgicamente ante esos casos utilizando todos los medios que podamos tener, como la acción policial, la colaboración con jueces y fiscales, la legislación en vigor...”.
