El anuncio de una regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación irregular ha tenido un efecto inmediato en Gipuzkoa. “Los teléfonos de Cáritas no han dejado de sonar en toda la mañana”, explica Jon Telletxea, responsable de Acción Social de Cáritas Gipuzkoa, desbordado por las expectativas generadas entre personas que llevan años viviendo y trabajando sin papeles.

Cáritas es el "primer escalón" y, en muchos casos, el salvavidas para miles de personas en situación de precariedad administrativa. Muchas de ellas ni siquiera han logrado empadronarse cuando llegan por primera vez en busca de ayuda a Cáritas Gipuzkoa.

“El 100% de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular tienen que buscar medios y alternativas irregulares para sobrevivir y poder acceder a unos ingresos para sobrevivir, porque la propia ley no les reconoce la posibilidad de estar empleados, de trabajar”, explica Telletxea.

“El 100% de las personas que se encuentran en situación irregular tienen que buscar medios y alternativas irregulares para sobrevivir”

Jon Telletxea - Responsable de Acción Social de Cáritas Gipuzkoa

Es una realidad que ve a diario. Las personas sin papeles “tienen trabajos informales”, señala. Traducido: trabajo en B, en la economía sumergida. Sectores como el de los cuidados, la limpieza y, en ocasiones, la hostelería, concentran buena parte de estas situaciones, apunta el responsable de Acción Social de Cáritas Gipuzkoa.

Estas situaciones de irregularidad administrativa se alargan durante más de dos años como mínimo. Y eso a pesar de que “el reglamento aprobado en noviembre de 2024 flexibilizó los plazos y redujo de tres a dos años el tiempo exigido para acceder al arraigo”, explica Germana Dovale, abogada experta en Extranjería de Cáritas. “Es decir, con dos años de permanencia y un trabajo ya se podría acceder a la regularización”, señala, aunque en la práctica el proceso sigue encontrando importantes obstáculos.

“La realidad es que hoy no hay citas en Extranjería. El servicio está totalmente colapsado”,

Germana Dovale - Abogada de Cáritas

Uno de los principales es el acceso a la propia Administración. “Conseguir una cita en Extranjería es ahora mismo una de las mayores trabas”, subraya Dovale. A ello se suman las dificultades para reunir la documentación exigida. “No es lo mismo obtener certificados en países de Latinoamérica, donde los trámites están más encaminados, que, en países africanos como Nigeria, donde un certificado de antecedentes penales puede tardar hasta un año”, explica.

"Peso psicológico"

A la obligación de permanecer durante años sin papeles se añaden, por tanto, las dificultades de la tramitación, tanto externas como internas. “La realidad es que hoy no hay citas en Extranjería. El servicio está totalmente colapsado”, advierte Dovale.

Telletxea pone el foco en la mochila psicológica que arrastran estas personas durante todo ese tiempo. “Han bajado los plazos para regularizarse, pero me gustaría poner la mirada en esos dos años en los que una persona tiene que sobrevivir de esta manera, con un peso psicológico, emocional y de ansiedad”.

En este contexto, el anuncio este lunes de la regularización extraordinaria fue recibido como “una gran sorpresa y un regalo”. “Este martes los teléfonos de Cáritas no han dejado de sonar toda la mañana. Se han generado muchas expectativas y ojalá se consiga regularizar al máximo número de personas”, confía Telletxea.

Vivir con miedo

La situación de vulnerabilidad en la que viven estas personas propicia además abusos, tanto en el ámbito laboral como en el acceso a la vivienda. “El simple hecho de estar en situación irregular genera miedo, pánico incluso, a que la policía te pare por la calle sin haber cometido ningún delito”, señala Telletxea. “Un simple accidente de bicicleta y que te pidan la documentación puede suponer el inicio de un trámite de expulsión”.

"Clamor social": Más de 700.000 firmas

La medida supone, en su opinión, el refrendo de un “clamor social mayoritario”, el que se plasmó en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se tramita en el Congreso tras lograr más de 700.000 firmas, con el aval de unas 90 organizaciones de todo tipo.

Dovale insiste en que se trata de “cuestiones complejas” que exigen cautela, porque hay “tantas situaciones como personas”. Y considera que será clave ver cómo responde la Administración ante este reto. “Es fundamental saber si va a haber refuerzos en las oficinas de Extranjería, porque se viene una avalancha de solicitudes”, advierte Telletxea.