La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha reiterado que no hay indicios para investigarla por malversación y ha enmarcado los correos entre su asesora y la Universidad Complutense a una "ayuda puntual" sobre la cátedra que codirigió y que, insiste, no le reportó ni un euro.
El abogado Antonio Camacho considera que no hay "un solo indicio" que justifique la decisión del juez Juan Carlos Peinado de transformar la pieza abierta por este delito en un procedimiento por la ley del jurado contra Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez; y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Recuerda que Peinado reconoció que no podía incurrir en este delito
Pide, por ello, a la Audiencia Provincial de Madrid que anule este último auto del juez Peinado, y lo hace en un recurso, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, en el que recuerda que el propio Peinado reconoció que ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez podían incurrir en este delito.
Critica, por tanto, el abogado que el juez "resuelva una cosa y la contraria" en este procedimiento, sin justificar "giros tan radicales", y recuerda que si no hay indicios de malversación la causa no puede llegar ser juzgada por un jurado popular (al que le compete conocer ese delito).
Respecto a los 121 correos que Cristina Álvarez se cruzó con el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, la defensa de Begoña Gómez subraya que "todos sin excepción" fueron remitidos desde su correo particular y "responden a una ayuda puntual en relación con el tema de la firma de los convenios de la cátedra derivada de la amistad que mantenían".
Una cátedra, subraya el abogado, por la que Begoña Gómez nunca cobró "cantidad alguna", de modo que "difícilmente puede considerarse que eran correos relativos al trabajo de la misma".
"Hay multitud de correos de Begoña Gómez"
Además, defiende que en el procedimiento "hay multitud de correos de Begoña Gómez, lo que implica que ella es quien trabajaba en esta materia y, por lo tanto, la labor puntual de Cristina en la misma era de auxilio administrativo" y "representan solo una mera parte mecánica de transcripción o traslado de mensajes dentro de toda la gestión administrativa realizada".
Rechaza el abogado que Begoña Gómez o Cristina Álvarez puedan tener la condición de funcionarias públicas a los efectos de incurrir en dicho delito, y respecto al delegado del Gobierno en Madrid, subraya que "no hay ningún elemento que permita sostener, incluso indiciariamente", que se aprovechara de ninguna conducta irregular de la asesora de la mujer de Pedro Sánchez.
En esta pieza de la causa, el magistrado investiga por un delito de malversación si Cristina Álvarez, pagada con fondos públicos, se excedió en sus funciones de asesora y asistió a Begoña Gómez en cuestiones profesionales y privadas.