Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado sobre el presunto delito de malversación relativo a su contratación en Moncloa.
Fuentes jurídicas han confirmado que así lo ha decidido Álvarez, que estaba citada a comparecer a las 11.00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en el marco de una de las ramas de la causa abierta contra la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Es la tercera vez que la trabajadora de Moncloa comparece ante el juez Peinado. Primero acudió en calidad de testigo, con obligación de contestar con la verdad a todas las partes personadas en el procedimiento; la segunda vez declaró en calidad de investigada y se acogió a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su defensa, a cargo del letrado José María de Pablo.
La Audiencia Provincial de Madrid anuló la declaración como testigo y solo validó el interrogatorio en el que participó como investigada. Esta instancia superior también descartó que se pudiese atribuir un delito de malversación a Álvarez por su contratación, al entender que dicho delito sólo podía achacarse a quienes participaron en su designación y pago.
No obstante, el órgano consideró que se le podría investigar por un presunto delito de tráfico de influencias por su supuesta relación de amistad con Begoña Gómez antes de acceder al cargo.
Caso Begoña Gómez
Aunque el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ya había empezado a indagar en la presunta malversación que enmarca en el nombramiento de Álvarez, hasta el pasado 18 de agosto no había imputado dicho delito ni a Gómez ni a su asesora. De hecho, el pasado mayo descartó investigar a ambas por malversación al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
En esta rama de la causa solo figuraba como investigado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ejerció como secretario general de la Presidencia en julio de 2021 y el pasado mayo se desvinculó del nombramiento en su declaración como imputado. Hasta que Peinado amplió el procedimiento en agosto, Begoña Gómez figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
