La Diputación Foral de Gipuzkoa asegura que “no existe ni ha existido en ningún momento relación administrativa ni contractual con la empresa Servinabar 2000”, propiedad empresario elgoibartarra Antxon Alonso, que se encuentra en el centro de una investigación que también afecta a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión provisional, por el ‘caso Koldo'.
La diputada de gobernanza, Irune Berasaluze, en una respuesta a una pregunta planteada por Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales, ha explicado que la Diputación ha llevado a cabo una investigación en todos los departamentos forales, los organismos autónomos forales Fundación Uliazpi y Kabia, las sociedades mercantiles forales Bidegi SA, Etorlur SA e IZFE SA y las fundaciones forales Adinberri, BSTK, Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoa, Kirolgi, Mubil, Su Eskola y Ziur, sin que se haya constatado relación alguna con Servinabar.
Según la UCO, Cerdán firmó en 2016 un contrato privado por el cual adquiría el 45% de la Servinabar, acuerdo que tanto la empresa como él han negado públicamente. Este caso ha generado gran repercusión mediática debido a las adjudicaciones millonarias obtenidas por la empresa en Navarra y a la investigación sobre posibles desvíos de fondos.
Auditorías
Por su parte, EH Bildu registró una otra pregunta en las Juntas Generales en la que cuestiona a la Diputación si se planteaba ealizar una auditoría de los contratos que la Administración foral ha adjudicado en los últimos años. La institución foral afirma a este respecto que “no tiene la intención de realizar ninguna auditoría específica extraordinaria del conjunto de los contratos celebrados en los últimos años”.
Según indica Berasaluze en su respuesta a la coalición abertzale, “la actividad económica y financiera del sector público foral ya está sometida a los controles ordinarios que establece la Norma Foral 4/2007, de Régimen Financiero y Presupuestario, incluyendo la fiscalización previa del interventor, los informes periódicos, la supervisión en las mesas de contratación y el control económico-financiero y de gestión, aplicando normas de auditoría del sector público”.
“No habiendo”, prosigue la diputada foral de Gobernanza, “ninguna probabilidad de actuación irregular con Servinabar 2000, ni existiendo en el momento actual indicios de irregularidad en los procedimientos de contratación, la Diputación considera que no procede la realización de ninguna auditoría extraordinaria adicional”. La decisión, asegura, “se toma sin perjuicio de que en el futuro pudiera adoptarse alguna medida de control si surgieran circunstancias o indicios que así lo aconsejaran”.
