El Tribunal Supremo comparte con la Fiscalía la sospecha de que sólo el exdirigente del PSOE Santos Cerdán sabe quiénes y cómo se pagaron presuntas comisiones por adjudicaciones irregulares de obra pública, y advierte que "solo él parece conocer el destino que dio al dinero".
Es uno de los argumentos que, unido al de una posible destrucción de pruebas, esgrime la Sala de Apelación del alto tribunal en el auto en el que respalda la decisión del juez Leopoldo Puente de enviar a Cerdán a prisión provisional sin fianza por la presunta comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
"Existen indicios de que el recurrente, que niega cualquier responsabilidad, conoce a todos los que pagaron estas comisiones y sabe cómo le fueron pagadas, además de saber los conceptos con los que pudieron maquillarse los pagos y, quizás, incluso la propia procedencia bancaria de los fondos", explican.
Cerdán, pieza clave
Y aseveran: "Solo él parece conocer el destino que dio al dinero, así como el camino que siguió hasta su entrega a los beneficiarios últimos, quiénes fueron éstos o dónde podría haber quedado depositado el dinero que no haya sido repartido. Y sólo él conoce el rastro y los vestigios que su actividad puede haber dejado".
Siguen así los magistrados la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien argumentó la necesidad de que el exnúmero 3 de PSOE siga en prisión ante su "capacidad" para "ocultar pruebas", "condicionar a testigos o investigados" e influir en los "aún desconocidos" pagadores de los supuestos amaños para oponerse a su salida de prisión.
Y precisamente a esto último alude este miércoles el Supremo al recordar que la investigación aún no ha "desvelado la totalidad de empresas que fueron finalmente beneficiadas; ni qué sujetos las representaban y mantuvieron contacto" con Cerdán. Tampoco cómo se abordaba el pago y se ocultaba después el dinero ilícitamente obtenido.
Investigación en marcha
Recuerda el tribunal que la constructora Acciona obtuvo adjudicaciones del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos -también imputado- por obras de un total de 537.271.005 euros. Por estas adjudicaciones, añade el auto, "se ha desvelado un flujo monetario de alrededor de un millón de euros", una cantidad exigua, según el juez instructor, en esta clase de operaciones delictivas.
Según determina ahora la Sala de Apelaciones del TS, el riesgo de perjudicar las pesquisas si se dejara a Cerdán en libertad "no es el genéricamente apreciable en la fase inicial de cualquier otra investigación", ya que de la conversaciones intervenidas "se infiere fundadamente que el recurrente ejercía un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes".
Detallan que las conversaciones "reflejan que Santos Cerdán impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que debían adjudicarse determinadas obras concretas" y defienden que "era él quien pagaba a José Luis Ábalos y a Koldo García el dinero que les correspondía por las comisiones ilícitamente obtenidas". "Era Santos Cerdán quien gestionaba y trasladaba la información de las empresas que habían comprometido el pago por determinadas obras públicas y que debían resultar beneficiadas con la adjudicación final, además de ser quien aparentemente conoció y validó unos mecanismos ocultos de pago que efectivamente se emplearon y que todavía se desconocen", concluyen.