El Gobierno vasco propone un sistema de "sellos de calidad" aplicable a las universidades en activo y a las de nueva creación como alternativa al sistema de evaluación previsto en el proyecto de decreto de universidades en el que trabaja el Gobierno español y con el que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación es crítico.
El consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias ha dado a conocer este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno las alegaciones al proyecto de decreto que defenderá mañana en una reunión con el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa.
Ha reiterado los motivos por los que su departamento es contrario a este decreto y ha subrayado que la "línea roja" se encuentra en la atribución al Estado de la competencia en materia de universidades telemáticas, que ha defendido corresponde a Euskadi.
En este sentido, el Gobierno vasco pide la anulación de esta atribución, por considerarla una "recentralización de competencias autonómicas".
Pérez Iglesias ha asegurado que acude a la reunión con el "sincero convencimiento" de alcanzar un acuerdo en este punto. "Vamos a buscar el acuerdo", ha insistido el consejero, quien ha asegurado que en la reunión del Consejo de Gobierno ningún consejero, tampoco los del PSE-EE, ha hecho comentarios contrarios a su propuesta.
Junto con la anulación de la citada atribución, ha recordado que Euskadi también pedirá que decaiga la urgencia del decreto porque impide un debate "reflexivo y sosegado".
En cuanto al requisito de ofertar titulaciones pertenecientes a tres ramas del conocimiento en cada uno de los tres niveles de estudios (grado, máster y doctorado), el departamento cree que "dificultaría o incluso impediría la especialización de las universidades", mientras que el de alcanzar un número mínimo de 4.500 estudiantes "impediría o dificultaría el desarrollo de proyectos singulares por su especialización o nivel de calidad".
La propuesta de Euskadi pasa por sustituir el sistema de evaluación previsto por un nuevo esquema de certificaciones o "sellos de calidad" que permita asignar a las universidades distintas categorías.
La más alta serviría para identificar a las de más alto nivel. La más baja la obtendrían las universidades incapaces de desarrollar una actividad académica "digna de tal nombre" y las intermedias permitirían identificar buenos proyectos o buenas universidades, aunque sin alcanzar el máximo nivel.
Los sellos de calidad serían asignados por las agencias correspondientes. La valoración tendría en cuenta la calidad de la oferta docente; la disponibilidad, características y adecuación de la plantilla de profesorado; la dotación de equipamientos e instalaciones para la docencia, la investigación y la transferencia, de servicios y de gestión; y la solvencia de la programación plurianual de la investigación.
El sello de más bajo nivel aconsejaría la no creación de una universidad o la revocación de la autorización para impartir títulos oficiales. Sería equivalente, por tanto, a los actuales informes negativos.
