Juntos pero no revueltos. Esa es la relación que tratan de aparentar al menos el PP y Vox, los primeros atrapados en la paradoja de saber que necesitan el apoyo del partido de ultraderecha para tocar poder institucional, pero sabedores también de que dichos acuerdos les penalizaron en su último asalto a La Moncloa. Y la formación de Santiago Abascal, restando apoyo electoral a los de Alberto Núñez Feijóo a fuerza de endurecer su discurso por ejemplo con su tema estrella este verano, la inmigración. Pese a este toma y daca, sus caminos siempre tienden a confluir.

Feijóo trató de establecer las reglas del juego en la clausura del Congreso Nacional del PP el pasado 6 de julio, cuando apostó por gobernar en solitario con alianzas puntuales con Vox y, en caso de que no le dieran los números, se comprometió a abocar a una repetición electoral antes que avalar un Gobierno de coalición con los de Abascal. “O gobernamos solos o a repetir elecciones”, subrayaron desde Génova después de que su presidente lanzara también en su discurso guiños ideológicos a la extrema derecha.

Que los puentes entre Feijóo y Abascal no estaban rotos del todo lo demuestra el hecho de que, después de llevar sin reunirse desde 2023 con motivo de la ronda de contactos que llevó a cabo el popular para tratar de armar su investidura –de forma infructuosa–, el 25 de junio mantuvieron un encuentro. El motivo fue abordar el contexto político estatal e internacional coincidiendo con el final del periodo de sesiones en las Cortes Generales.

A nivel interno, la corrupción que acecha al PSOE por múltiples frentes había dado incluso la sensación de hacer tambalear la legislatura. De hecho, el PP apenas ha podido sacudirse la presión de Vox para que presente una moción de censura contra el presidente español, Pedro Sánchez. A los populares les siguen faltando cuatro votos y la ronda que su recién estrenado secretario general, Miguel Tellado, llevó a cabo con los socios de la investidura, excepto EH Bildu, certificó lo evidente, que esta opción sigue sin ser factible.

Poco después de reunirse con Abascal, Feijóo aseguró que prefiere repetir elecciones antes que avalar un gobierno de coalición con Vox

Ahora, Vox ha elevado aún más la apuesta a raíz de la iniciativa contra la libertad religiosa aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), gobernado por el PP y con un único concejal de Vox que es, sin embargo, clave para sacar adelante iniciativas a nivel municipal. Este edil fue el que presentó la moción original “sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”. El propio Abascal, de cara a defender esta iniciativa, no dudó en arremeter de forma descarnada contra la Conferencia Episcopal, que había denunciado la “discriminación” en Jumilla, achacando esta postura a “los ingresos públicos que reciben o los casos de pederastia”.

Como recordó la concejala de IU-Podemos-AV en la localidad, Ana López, la influencia de Vox ha tenido como consecuencia que primero se eliminó la celebración institucional del Día de la Mujer el 8 de marzo, luego la del Día del Orgullo LGTBQ+, sin poner la bandera ni leerse manifiesto, y por último le ha tocado sufrirlo al colectivo musulmán en Jumilla. La moción que impedirá celebrar el fin del Ramadán o la fiesta del cordero ha coincidido con la aprobación de los presupuestos, que han salido adelante gracias a la abstención de Vox, que ha conseguido eliminar la partida del plan de igualdad, las ayudas de cooperación internacional y las asignaciones para el funcionamiento de los grupos municipales.

Leyes de memoria

El primer gran acuerdo entre PP y Vox que llevó a cargos de este partido a un gobierno autonómico, el de Castilla y León en marzo de 2022, incluía postulados de la ultraderecha que los populares trataron de compatibilizar con los suyos. Es el caso de la aprobación de una ley de lucha contra la “violencia intrafamiliar” y de la actualización de la normativa vigente sobre violencia de género. También el impulso de una inmigración “ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”.

Pactos similares se extendieron tras las elecciones autonómicas de 2023 a las diferentes comunidades donde el PP no consiguió la mayoría absoluta o el apoyo de otro grupo, como sí ocurrió en Cantabria gracias a los regionalistas de Miguel Ángel Revilla.

Los acuerdos autonómicos entre ambos se rompieron hace un año por el reparto de menas pero ahora están pactando presupuestos

En la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón tardó pocas semanas en firmar con Vox un acuerdo que dio a los de Santiago Abascal la vicepresidencia y varias consejerías, e incluyó la voluntad de derogar las normas que “atacan la reconciliación en los asuntos históricos” o poner en conocimiento de las fuerzas de seguridad del Estado “los posibles casos de inmigración ilegal”.

PP y Vox alcanzaron acuerdos como estos en más de un centenar de municipios y en los gobiernos autonómicos de Aragón, Extremadura y Murcia y, sin entrar los de Abascal en el ejecutivo, en Baleares, aunque hace un año saltaron por los aires al avalar el PP el reparto de migrantes menores no acompañados pese al rechazo de Vox.

Un año después, ambos han podido aprobar de nuevo presupuestos en la Comunidad Valenciana o Murcia, pero mantienen las espadas en alto en Aragón, Castilla y León y Extremadura, lo que no ha impedido que juntos hayan derogado las leyes de memoria aprobadas por los anteriores ejecutivos de izquierdas en varias de ellas. l