El abogado de Iratxe Sorzabal, la exjefa de ETA absuelta de un delito de estragos al dar por probado la Audiencia Nacional que asumió la autoría del atentado tras ser sometida a "tratos inhumanos", llevará al Tribunal de Estrasburgo el único caso por el que ha sido condenada en el Estado español al considerar que el fallo judicial se basó en la misma prueba que el absolutorio.
El letrado, Aiert Larrarte, ha hecho este anuncio en una rueda de prensa junto a responsables de Egiari Zor, así como de Eskubideen Behatokia, observatorio de derechos humanos que está estudiando "las posibilidades y la eficacia de presentar denuncia contra los guardia civiles que participaron en la detención, interrogatorios y tortura de Sorzabal".
Prueba inculpatoria "nula de pleno derecho"
Larrarte ha destacado que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) va a recurrir "seguro", ya que en España se han agotado todas las instancias, incluida la del Constitucional, y entiende que la condena impuesta a Sorzabal (a 24 años de cárcel en 2022 por un doble atentado cometido en Gijón en 1996) se apoya en el mismo manuscrito que la Audiencia Nacional ha declarado "nulo de pleno derecho".
La Audiencia Nacional ha absuelto a la exjefa de ETA de un delito de estragos por la colocación de un artefacto explosivo en 1995 en la frontera de Irun porque esa kantada que escribió tras ser arrestada en 2001 es "nula de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales de la acusada, pues es consecuencia de malos tratos (aplicación de electrodos) que sufrió durante su detención".
El abogado ha destacado que esa confesión por escrito se ha utilizado contra su representada en tres juicios y solo ha sido condena en uno —el del doble atentado de Gijón—, ya que también fue absuelta de otro atentado perpetrado en Alicante.
Por primera vez en la Audiencia Nacional
"La Audiencia Nacional, por primera vez, pone de manifiesto lo que sabíamos todos, tanto en Euskal Herria como en el Estado español, que Iratxe Sorzabal había sido torturada a manos de la Guardia Civil. Desconocemos las consecuencias que tendrá esto, tanto como para Iratxe como para otras personas, y creo que bastante nos costará que tenga efectos sobre ella, pero si no hacemos nada, no va a haber ninguna ningún tipo de consecuencia automática", ha remarcado.
Por su parte, Iratxe Urizar, del observatorio de derechos humanos, se ha preguntado "quiénes fueron los torturadores" y ha dicho que están analizando la posibilidad de presentar una denuncia.
"Jueces y fiscales no pueden hacer oídos sordos a la constatación de prácticas de torturas y malos tratos, más aún provenientes de un órgano penal. No se puede permitir que se corra un velo de impunidad y no haya una investigación en profundidad en la jurisdicción penal, competente para estos hechos. No sería comprensible", ha recalcado.
Ha dicho además que, "si la justicia española no reacciona", se verán obligados "a recorrer el camino internacional".
Piden reacción a las instituciones vascas
Ainara Esteran, de Egiari Zor, ha dicho que esperan "una reacción unánime y contundente" por parte de las instituciones vascas, a las que ha hecho un llamamiento a "no naturalizar episodios de esta índole".
Ha señalado que el reconocimiento de las víctimas de la violencia en Euskadi debe ser "integral" y debe "garantizar la igualdad en derechos de las víctimas", y ha reclamado una modificación de la ley vasca de reconocimiento para "dar protección legal a quienes fueron torturadas después de 1999".
