Comienzan a aflorar posibles soluciones para los 200 profesionales que se han quedado en el limbo después de que el Tribunal Supremo impidiera al Gobierno vasco convalidar los títulos universitarios que han conseguido en el extranjero. Un día después de que el Parlamento Vasco pidiera una solución para los 200 profesionales que se apuntaron a la cola de la administración vasca y que se han quedado en tierra de nadie cuando el Supremo ha cerrado la ventanilla, Juan Ignacio Pérez Iglesias ha desvelado este viernes a preguntas de EH Bildu en la Cámara que el Gobierno español ha asumido un compromiso verbal. En el caso de que fuera el Estado quien se encargara de esos expedientes interrumpidos, lo haría cumpliendo varias garantías para evitar un perjuicio añadido a estas personas. En concreto, se trataría de asegurar una tramitación de oficio, es decir, que los expedientes vascos se enviaran por vía electrónica al Gobierno español sin que estos solicitantes tengan que realizar ningún trámite; y, además, se pide que el Estado respete la antigüedad que tenían en su petición, y que no cobre tasas adicionales. No está cerrado aún que el Estado vaya a ser quien asuma los 200 expedientes y, por eso, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación quiso ser muy prudente sobre unas negociaciones en las que participa también la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena.
El asunto lo planteó Ayem Oskoz Urrutikoetxea, quien preguntó al consejero qué medidas ha tomado para “agilizar” los trámites de estas personas, o también para las que vayan a solicitar la convalidación en el futuro, aunque ese es otro debate. EH Bildu pide que se solucionen las peticiones futuras (podrían ser hasta 800) con carácter general en un plazo de seis meses, pero el Gobierno vasco no ve margen para hacerlo en medio año con seguridad jurídica. De todos modos, ahora mismo ni siquiera tiene la competencia y no puede decir mucho más. Sobre los 200 expedientes paralizados, Pérez Iglesias sí expuso que le han formulado tres peticiones al Gobierno español (si es que la solución que se va a acordar consiste finalmente en que asuma de oficio esos 200 expedientes, una vía que ya había apuntado la ministra Morant pero que el Gobierno vasco no dio por cerrada por si surgía una encomienda de gestión para Euskadi u otra opción).
¿Cuáles son las peticiones?: “enviar desde nuestro gestor electrónico de expedientes al suyo todas las solicitudes y su documentación sin que los solicitantes tengan que realizar ningún trámite; que se les respete la primera fecha de solicitud a todos los solicitantes para que no pierdan la antigüedad que tenían; y que no tengan que volver a pagar una tasa”. “Se le ha hecho esta propuesta, y en principio hay un acuerdo verbal”, dijo.
Agilizar la incorporación de profesionales
Oskoz celebró “los tres puntos” citados por el consejero y dijo que, si ese es el acuerdo, EH Bildu está “de acuerdo”. “Tienen el compromiso verbal. A ver si pueden lograrlo por escrito”, añadió. El parlamentario sí continuó presionando con los otros solicitantes que pudieran llegar en el futuro para que el Gobierno vasco se comprometa con un plazo.
El Ejecutivo de Pradales respondió al veto competencial con varias medidas, empezando por un recurso al Tribunal Constitucional, la instancia que cree que tendría que haber evaluado la transferencia, y no el Supremo. El PNV va a impulsar una reforma en el Congreso en ese sentido. Este traspaso es estratégico para el Gobierno vasco, que pretende agilizar por esta vía la incorporación de profesionales al mercado laboral, sobre todo, en el ámbito sanitario (acreditar la especialidad, de todos modos, sigue siendo competencia estatal).
